El Ministerio Público solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona ratificar la sentencia que condena a 10 y 15 años de prisión a cuatro hombres que formaban parte de la red de tráfico ilícito de migrantes agravado desmantelada con la Operación Iguana.
El órgano acusador solicitará al tribunal de alzada que rechace los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los procesados y que sea confirmada la sentencia dictada el pasado año en primera instancia por el Tribunal Colegiado de Jimaní, la cual condena a 10 años de prisión a Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en esa localidad, y al inspector Johan Rosario Castillo, así como a 15 años de prisión a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. La sentencia, además, ordena que todos paguen una multa de 150 salarios mínimos.
Las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Procuraduría Regional de Barahona, quienes representan al Ministerio Público en la litigación, explicaron que solicitarán que la sentencia sea confirmada en todas sus partes.
Bejarán y González reiteraron la importancia de sancionar los graves delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, la mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, Joselin Moreta (presidente), Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz, aplazaron este lunes la audiencia para el próximo lunes 29 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana, porque dos abogados de la defensa de los procesados se encontraban ausentes.
La PETT desarrolló la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada la red que utilizó a la frontera domínico haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
La PETT y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración (DGM), dio inicio a la investigación penal de este caso en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red, logrando la obtención de pruebas que les vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y al secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.
El expediente acusatorio señala que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno. Igualmente, privaban de su libertad a las personas retenidas o secuestradas y las mantenían en cautiverio hasta recibir el pago exigido para la liberación, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.
El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.
