En una acción sin precedentes para contribuir al avance de la modernización del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR) requirió a la Dirección General de Migración (DGM) que proceda a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Esta actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo intensivo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaba su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente.
La disposición de la Procuraduría General de la República lleva a que hoy esa realidad cambie en beneficio del ciudadano.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
La Procuraduría General de la República explicó, a través de un comunicado de prensa, que más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerza la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
