Santo Domingo.- El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia San Juan de la Maguana, Mélido Mercedes, denunció que la empresa minera GoldQuest Dominicana pretende irrespetar y violentar el decreto y la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que prohibieron la explotación minera en El Romero, El Cachimbo y la Cordillera Central.
“Para ponerle fin a este problema, solicitamos al presidente Luis Abinader Corona emitir un decreto declarando El Romero, El Cachimbo y la Cordillera Central libre de minería metálica, para llevar la tranquilidad a las comunidades y los pobladores de la zona”, puntualizó.
Mercedes sostuvo que la situación mantiene preocupados a diversos sectores de la provincia de San Juan, debido a los posibles impactos que una eventual explotación minera podría generar sobre los recursos naturales, las fuentes de agua y las actividades productivas de las comunidades ubicadas en la zona.
“Las autoridades deben garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales y constitucionales relacionadas con la protección de la Cordillera Central y las áreas donde se encuentran importantes fuentes de agua que abastecen a numerosas comunidades de la región”, indicó.
El congresista señaló que la defensa de los recursos naturales debe estar por encima de cualquier interés económico particular, al tiempo que llamó a las instituciones correspondientes a actuar con firmeza para evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo el medioambiente y la tranquilidad de los habitantes de San Juan.
El diputado de la Fuerza del Pueblo reiteró que la población sanjuanera merece recibir una respuesta definitiva por parte del Gobierno, que permita despejar las dudas existentes sobre el futuro de El Romero, El Cachimbo y la Cordillera Central y establezca con claridad la protección de estos territorios frente a la minería metálica.
Mercedes afirmó que continuará reclamando la protección de los recursos naturales de la provincia y defendiendo el derecho de las comunidades a participar y ser escuchadas en las decisiones que puedan afectar su territorio, sus fuentes de agua, la producción agrícola y la calidad de vida de sus habitantes.
“Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Energía y Minas y a las demás instituciones competentes para que adopten las medidas necesarias que garanticen el respeto de las disposiciones vigentes y eviten cualquier actuación que pueda generar nuevos conflictos”, significó.




