l Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto conocer este lunes 16 de noviembre la audiencia correspondiente a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), imputado en el caso de presunta corrupción administrativa denominado Operación Lobo.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y se produce luego de que el tribunal dispusiera la separación de Caamaño Pérez del expediente principal, a solicitud del Ministerio Público, debido a una situación médica que, según informó el órgano acusador, lo mantendría recluido durante 15 días.
El juez Deiby Timoteo Peguero ordenó al Ministerio Público presentar la acusación correspondiente contra el exfuncionario, mientras el proceso continúa de manera independiente al de los demás implicados.
Separación del expediente
La decisión de separar a Caamaño Pérez fue adoptada el pasado 26 de octubre, luego de que presentara una licencia médica que motivó al tribunal a tramitar su caso por separado.
La medida permitió que el conocimiento de la audiencia preliminar contra los demás imputados continuara sin que la situación del exfuncionario retrasara el desarrollo del proceso principal.
El Ministerio Público presentó formal acusación contra 14 personas físicas y jurídicas, a quienes señala de formar parte de una presunta estructura dedicada al pago y recepción de sobornos para favorecer contratos de servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
El expediente está sustentado, según el órgano acusador, en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales.
Entre las instituciones mencionadas en la investigación figuran el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeSur y EdeEste.
Sobornos superarían los RD$108 millones
De acuerdo con la acusación, los pagos irregulares identificados ascienden a RD$108,080,359.92, que presuntamente habrían sido entregados a funcionarios y responsables de seguridad para garantizar la adjudicación y permanencia de contratos estatales.
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
El órgano persecutor sostiene que la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase) habría realizado pagos mediante transferencias bancarias y entregas de efectivo durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025.
El proceso se encuentra en fase preliminar y corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de los acusados, quienes conservan su presunción de inocencia.




