San Pedro de Macorís.-Al demostrar la responsabilidad penal de un hombre en el tráfico internacional de drogas, el Ministerio Público logró que el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís lo condenara a 10 años de prisión.
Israel José Martínez Gómez (Yunior y/o Yandel) fue vinculado a 60 kilogramos de cocaína que les fueron ocupados en una vivienda en San Pedro de Macorís, la cual fue allanada mediante orden judicial, alrededor de la 1:20 de la tarde, del día 10 de febrero del 2021, durante una operación ejecutada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los 60 kilogramos de drogas, con un peso de 62.03 kilogramos, fueron ocupados en el interior del closet de una de las habitaciones de la casa.
El expediente detalla que Martínez Gómez formaba parte de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas nacional e internacional, la cual operaba en la región este del país, específicamente en San Pedro de Macorís, utilizando para sus operaciones pequeñas embarcaciones, tipo pesqueras, para recibir cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica.
Señala, además, que las drogas eran recibidas en la República Dominicana y posteriormente enviadas a la isla de Puerto Rico y otros destinos.
En el transcurso de las pesquisas se estableció los vínculos del condenado con la red criminal, así como de otras personas que se encuentran prófugas, las cuales han sido identificadas.
Su arresto se ejecutó en fecha 19 de febrero del 2021, aproximadamente las 5:50 de la tarde, por miembros de la DNCD en servicio en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, luego de recibir una alerta en los controles migratorios, cuando pretendía salir del país en un vuelo comercial con destino a Frankfurt, Alemania.
Al momento de su arresto les fueron ocupados diferentes objetos, así como dinero en pesos dominicanos, euros y dólares.
La fiscal Josmery Mejia Avila realizó la investigación del caso, mientras que la fiscal litigante Katherin Vallejo Herrera representó en el proceso al Ministerio Público.
Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Katherine Santana Mejía y Magdelquis Yolanda Franco Peña dictaron la sentencia contra el procesado al establecer que violó los artículos 4-D, 5-A, 58, 59, 60 y 75, párrafo ll, y 85, letras A, B y C, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El tribunal ordenó el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
