La jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena, Licelot Casado, rechazó la solicitud de libertad condicional presentada por el interno Pablo Ross, condenado a 10 años de prisión por abuso sexual contra una adolescente, al considerar que el solicitante no ha mostrado un resarcimiento real a la sociedad ni arrepentimiento por el daño cometido.
En su decisión, la magistrada también determinó que el garante presentado por la defensa no demostró solvencia económica, pese a alegar que posee una empresa con 14 años de operación, sin aportar pruebas que confirmaran su existencia.
“Este garante no ha cumplido con los requisitos que establece la norma en cuanto a su idoneidad, ni ha demostrado con evidencia lo manifestado en sus declaraciones durante el plenario”, señala la resolución judicial.
Durante la audiencia, los padres de la víctima manifestaron que no ha existido reparación alguna ni hacia su familia ni hacia la menor afectada por el hecho.
La jueza Casado consideró que el tiempo de condena cumplido por Ross no resulta suficiente para un desagravio social ni como ejemplo para la sociedad.
“No ha existido por parte del interno un arrepentimiento ni un resarcimiento moral o social que justifique su puesta en libertad”, concluyó la magistrada.
Por otro lado, la defensa del condenado presentó documentos médicos sobre el supuesto estado de salud de Ross, pero estos no fueron remitidos a las demás partes del proceso, por lo que se desistió de su valoración.El centro penitenciario, sin embargo, certificó que el interno se encuentra en buen estado de salud.
La jueza estableció que los abogados podrán volver a solicitar la libertad condicional dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de la notificación oficial de la decisión.
