El Ministerio Público depositó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Hato Mayor, formal acusación contra Miguel Salomé Azor (Miguel) y la empresa Pescadería Caprimar por su vinculación a una red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
La acusación solicita la apertura a juicio contra los procesados, sustentada en la existencia de elementos suficientes de pruebas que le vinculan a la actividad criminal.
De acuerdo con el expediente depositado en el Juzgado de la Instrucción de Hato Mayor, Miguel Salomé Azor enfrenta cargos por violación a los artículos 4E, 59, párrafo I, y 75, párrafo III, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a los artículos 3 (literales A, B y C), 4, 5, 18, 19 y 21 (literales A y B) de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, y los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2) de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En tanto, la empresa Pescadería Caprimar fue acusada de violar los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 8 de la Ley 155-17, así como los artículos 3 (literales A, B y C), 4, 5, 18, 19, 20 y 21 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Según la acusación, en el año 2021 las autoridades ocuparon 250 paquetes de cocaína en el municipio de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, hecho que dio inicio a una investigación que culminó con la detención de Miguel Salomé Azor en febrero de 2025, tras evadir la justicia por varios años.
El documento detalla que el procesado operaba de manera continua desde el año 2013 hasta 2025, recibiendo, transportando y distribuyendo grandes cantidades de drogas dentro y fuera del territorio nacional. Además, movió altas sumas de dinero a través del sistema financiero, utilizando como fachada la empresa Pescadería Caprimar, dedicada aparentemente a la venta de pescados, pero que sirvió para encubrir actividades de narcotráfico transnacional.
Las titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado y de la Fiscalía de Hato Mayor, Ramona Nova y Marlene Guante, ponderaron la presentación de esta acusación contra el encartado y su empresa como “un paso firme en el combate a la criminalidad organizada y una muestra del esfuerzo conjunto de nuestras instituciones en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos”.
El equipo de investigación estuvo integrado por los fiscales José Manuel Calzado y Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Antilavado, y Daniel Alberto Robles, de la Fiscalía de Hato Mayor.
El Ministerio Público, queda a la espera de la fijación de la audiencia preliminar, por parte del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor.
