Acogiendo la petición del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre contra la sentencia que rechazó la apelación a la extinción de la acción penal en el proceso seguido en su contra por corrupción administrativa.
Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), quien fue procesado a partir de la puesta en marcha de las operaciones Coral y Coral 5G, falló por quinta vez en sus pretensiones de lograr la extinción de la acción penal en distintas instancias, tras ser rechazado el recurso y quedar confirmada la decisión recurrida.
En el proceso judicial su defensa hizo el pedimento tres veces ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, siendo rechazados los tres, al establecer el tribunal que el plazo transcurrido resulta razonable en atención a la naturaleza y particularidades del proceso.
Posteriormente, fue presentado el pasado año un recurso ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra la decisión del tribunal de primer grado, donde, igualmente, fue rechazado, y confirmada la resolución en todos sus aspectos.
Luego, el procesado interpuso el recurso de casación ante la Suprema Corte contra la decisión de la Corte de Apelación que rechazó el recurso contra la sentencia que declaró inadmisible la extinción de la acción penal en el proceso seguido en su contra por corrupción administrativa.
El memorial de casación fue presentado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Pepca, y Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El órgano acusador solicitó que fuera rechazado el recurso de casación interpuesto por el procesado Cáceres Silvestre y confirmada la decisión recurrida, por entender que no se verifican los vicios denunciados por el recurrente.
El Estado dominicano, representado por sus abogados constituidos y apoderados, también, solicitó que el recurso de casación fuera declarado inadmisible por no ser una decisión susceptible de ser recurrida en casación.
Los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por Adán Cáceres Silvestre contra la resolución penal núm 502-2026-SRES00071, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de febrero de 2026.
La sala penal estableció en su resolución que al no verificarse el presupuesto de impugnabilidad objetiva exigido por el artículo 441 del actual Código Procesal Penal, procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por Cáceres Silvestre.
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, Cáceres Silvestre debe esperar ahora que el proceso siga su curso.
En un comunicado de prensa el Ministerio Público valora la decisión que dijo contribuye con el avance de la lucha contra la impunidad.
Condenado a 20 años de prisión
El pasado mes de junio, Cáceres Silvestre junto al también general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel policial Rafael Núñez de Aza, fueron sentenciados los tres a 20 años de reclusión mayor por corrupción administrativa.
En este caso, también, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
En total fueron condenadas 29 personas. La plana mayor de la estructura criminal fue condenada entre 10, 15 y 20 años.
El mayor general del Ejército de República Dominicana (ERD) Adán Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector subjefe de esa institución; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público acusó al grupo de generales por encabezar la red compuesta por personas físicas y jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación, también, incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
