El Poder Judicial de la República Dominicana alcanzó el mayor nivel de apertura entre 21 instituciones evaluadas en la Métrica de Justicia Abierta de la República Dominicana (MJA-RD), obteniendo una calificación general de 0.88 sobre 1.
Desarrollada por el World Justice Project (WJP), con el acompañamiento del Poder Judicial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la medición ofrece una línea base integral sobre el ecosistema de justicia, el cual incluye al Ministerio Público, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Defensor del Pueblo.
El estudio evalúa la oferta institucional bajo una perspectiva centrada en las personas a través de 73 indicadores en instituciones centrales y 23 en oficinas locales, con información correspondiente principalmente a 2025.
La actividad fue celebrada en el auditorio del Poder Judicial, con la presencia de Ana María Díaz, representante residente del PNUD; Ana Cárdenas y Alejandro González, analista de Investigación y jefe de Investigación del WJP, respectivamente.
En sus palabras introductorias, la representante del PNUD destacó que la Métrica ofrece una base de evidencia para reconocer avances e identificar oportunidades de mejora en cuatro dimensiones fundamentales: transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración.
“Quisiera reconocer especialmente al magistrado presidente Luis Henry Molina por su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento de la transparencia y la apertura institucional. Magistrado Molina, agradecemos su confianza y su disposición para impulsar esta agenda, que deja herramientas valiosas para continuar avanzando hacia una justicia más cercana a la ciudadanía”, enfatizó.
Asimismo, Ana Cárdenas manifestó que justicia abierta es un modelo de gestión de cómo realizar prácticas y procesos de participación y colaboración en beneficio de los ciudadanos.
“La justicia se mide para conocer y analizar capacidades institucionales y estándares de apertura a través de una métrica que nos aporta dos tipos de información, como son los puntajes y las prácticas consolidadas que nos m arcan puntos de partidas para mejorar”, preció.
Por último, Alejandro González agradeció al magistrado Henry Molina por entender que la única forma de avanzar es la de contar con evidencias objetivas e imparciales para una justicia cada vez más abierta y cercana a los usuarios.
“Sabemos ahora hacia dónde queremos ir en el futuro, gracias a que hubo esa madurez durante todo este periodo, algo que es poco común en encontrar en liderazgos públicos”, apuntó.
La métrica resalta que el Poder Judicial sobresale en las cuatro dimensiones evaluadas frente al promedio del ecosistema, con un 0.88 de sus hallazgos a nivel general, alcanzando la puntuación máxima en colaboración (1.00), alta nota en participación (0.94), transparencia (0.91), y rendición de cuentas (0.67) como su principal área de mejora.
En el plano territorial, se verificó el 32 % de los indicadores en 11 oficinas analizadas, reflejando una disponibilidad de información desagregada limitada.
En cuanto al Ecosistema de Justicia, muestra un nivel de apertura general de 0.63, impulsado fuertemente por la transparencia (0.80), pero con amplias oportunidades para mejorar en rendición de cuentas (0.55), participación (0.56) y colaboración (0.60).
Los hallazgos orientarán la implementación de la Política de Justicia Abierta y el Plan Justicia del Futuro 2034, fortaleciendo herramientas como el Observatorio, datos abiertos, Juristeca y Acceso Digital.
El principal reto institucional consiste en consolidar prácticas sostenidas que reduzcan las barreras de acceso y coloquen a las personas en el centro de la justicia.
Al encuentro asistieron el juez Samuel Arias Arzeno, de la Suprema Corte de Justicia, quien fue ideólogo y propulsor principal del tema Justicia Abierta en República Dominicana; jueces y juezas del alto tribunal, así como funcionarios y servidores del Poder Judicial.
