El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó al presidente Luis Abinader adoptar medidas para frenar las presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes de la Policía Nacional, al tiempo que exigió investigaciones independientes sobre las muertes registradas durante los denominados intercambios de disparos.
La organización opositora manifestó preocupación por la cantidad de personas que continúan perdiendo la vida en actuaciones policiales y cuestionó la falta de información pública sobre las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y las eventuales sanciones contra los agentes involucrados.
El PLD citó informaciones publicadas por medios nacionales según las cuales durante septiembre de 2026 se registraron 55 muertes en actuaciones policiales. También hizo referencia a denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos que sitúan en más de 180 las personas fallecidas en intervenciones de agentes del orden durante los primeros meses del año.
Para la organización, la reiteración de estos acontecimientos plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de la Policía Nacional y la responsabilidad de las autoridades encargadas de ejecutar la política de seguridad ciudadana.
Particular preocupación expresó por las denuncias de personas que supuestamente fueron ultimadas después de rendirse o cuando ya se encontraban bajo control de los agentes.
De comprobarse estas circunstancias, advirtió el partido, se trataría de graves violaciones de los derechos fundamentales que deben ser investigadas y sancionadas.
Responsabiliza políticamente al Gobierno
El PLD recordó que el artículo 255 de la Constitución establece que la Policía Nacional se encuentra bajo la autoridad del presidente de la República, por lo que entiende que Abinader tiene la responsabilidad política de garantizar que sus actuaciones se mantengan dentro de los límites constitucionales.
En ese sentido, pidió al mandatario explicar qué instrucciones ha impartido para impedir las ejecuciones extrajudiciales, cuáles mecanismos de supervisión se encuentran en funcionamiento y qué resultados han producido las investigaciones.
Aunque aclaró que no está afirmando que exista una orden presidencial para ejecutar personas, sostuvo que la ausencia de una disposición expresa no elimina las responsabilidades derivadas de la tolerancia, la falta de supervisión o el incumplimiento del deber de impedir actuaciones ilegales.
“La impunidad reiterada puede convertirse en una forma de autorización de hecho”, advirtió la organización política.
También cuestionó que la Procuraduría General de la República no haya divulgado estadísticas suficientes sobre los agentes investigados, sometidos a la justicia y los resultados de los procesos relacionados con estas muertes.
Policía no puede sustituir a los tribunales
El partido opositor recordó que los artículos 7, 37 y 40 de la Constitución consagran el Estado social y democrático de derecho, la inviolabilidad de la vida y las garantías relativas a la libertad y seguridad personal.
Subrayó que en República Dominicana está prohibida la pena de muerte y que ninguna autoridad policial tiene facultad para declarar culpable a una persona y disponer su ejecución.
No obstante, reconoció el derecho de los agentes a defender sus vidas y las de terceros cuando enfrentan amenazas reales e inminentes.
La organización precisó que esa facultad no puede utilizarse como justificación para quitarle la vida a una persona que se haya rendido o que no represente una amenaza inmediata.
“Una persona que se rinde debe ser detenida y puesta a disposición de la justicia, nunca ejecutada”, sostuvo.
