La directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, respondió esta miércoles al presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, quien la acusó de haber incurrido en prevaricación al ordenar el archivo de una denuncia presentada por esa organización en el año 2023, contra el entonces ministro de Educación Ángel Hernández.
Se trata de una denuncia de omisión en la Declaración Jurada de Patrimonio del ex ministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo, sobre la compañía Playa Morón, presentada por ADOCCO.
Ortíz Bosch negó que haya cometido prevaricación en este caso y precisó que la actuación de la DIGEIG se ajustó en todo momento a los principios de legalidad y debido proceso. Subrayó que en el informe presentado sobre el resultado de la investigación de la denuncia interpuesta por ADOCCO no hay alteración de hechos ni desnaturalización de los mismos .
Explicó que el pasado 2 de octubre del 2023, la institución recibió la denuncia No. D23-0080, presentada por De la Rosa Tiburcio sobre la referida omisión por parte de Hernández
Indicó que en fecha 30 de octubre de 2023, la DIGEIG concluyó su investigación y elaboró el informe correspondiente, el cual fue remitido y entregado al denunciante el 1 de noviembre de 2023, según consta en el acuse de recibo firmado por ADOCCO, es decir a los 28 días de la presentación de la denuncia.
"El informe detallado cumple con la rectoría que impone la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y permite a la ciudadanía comprobar las diligencias realizadas, las instituciones consultadas, la documentación obtenida y las inversiones verificadas. Todo ello confirma el seguimiento debido del procedimiento de investigación llevado a cabo por la Dirección de Investigaciones y
Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG", señala la funcionaria en un comunicado.
No obstante expresó que "resulta llamativo el olvido del presidente de ADOCCO respecto al papel rector de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la aplicación de la Ley No. 311-14, órgano constitucional responsable del control, fiscalización, aplicación y adopción de las medidas correspondientes ante los incumplimientos en las Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos obligados en virtud del artículo 2 de la referida ley".
Ortiz Bosch destacó que en el caso la DIGEIG constató que: en la primera Declaración Jurada de Patrimonio de Hernández fue presentada de manera extemporánea y además fue omitida la inclusión de activos propiedad de una empresa familiar.
Sin embargo, durante el curso de la investigación, el exfuncionario Hernández presentó una rectificativa de su Declaración Jurada, la cual fue acogida como válida por la Cámara de Cuentas, conforme al reglamento de aplicación de la Ley No. 311-14; y en consecuencia, al momento de concluir la investigación, la denuncia carecía de objeto legal, pues la Cámara de Cuentas —órgano constitucional rector en esta materia— ya había validado la rectificación.
Enfatizó que por tanto, la actuación de la DIGEIG se ajustó en todo momento a los principios de legalidad y debido proceso, investigando los hechos en base a las normas aplicables, respetando las competencias de los órganos rectores, el debido proceso y garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados.
"No hemos prevaricado. Conocemos la gravedad de esta figura en el ordenamiento jurídico. En el informe no hay alteración de hechos ni desnaturalización de los mismos: únicamente se cumplió con el deber institucional de respetar las facultades la Cámara de Cuentas", concluyó.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) interpuso una denuncia contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La acusación se fundamenta en la presunta omisión en su declaración jurada de patrimonio, al no incluir un bien valorado en más de US$4,000,000.00, registrado a través de una empresa constituida en agosto de 2022, en violación a la ley.
La entidad, representada por Tiburcio de la Rosa, depositó la instancia en la Pepca, solicitando investigar al exfuncionario por no haber declarado en su patrimonio el activo familiar más valioso ni su empresa con fines de lucro de mayor capital invertido: Constructora Playa Morón.
De acuerdo con la denuncia, esta empresa fue registrada por Ángel Hernández ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) el 31 de enero de 2022, con el número de registro 4754-2022. Posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la compañía fue formalmente constituida.
Según consta en los registros, la empresa Constructora Playa Morón tiene como propietarias a la esposa del exministro, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y a su hija, Alejandrina María Hernández Acosta, quienes aparecen como socias desde el 29 de septiembre de 2022, un mes después de que Hernández asumiera el cargo de ministro de Educación.
