El Ministerio Público puso en marcha la operación Domo, con la cual desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming.
Un equipo de 30 fiscales encabeza 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional.
La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Además, contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
En los allanamientos, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El Ministerio Público adelantó que los integrantes de la red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.
Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.
La red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.
El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.
El caso se suma a las acciones encaminadas por la actual gestión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
