La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) Mirna Ortiz, informó que culminaron con la presentación de más de 100 testigos contra los acusados en el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Antipulpo.
Este entramado de corrupción habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, utilizando una red de empresas vinculadas a los principales imputados, entre los que figuran Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y otros exfuncionarios y colaboradores cercanos.
La magistrada Mirna Ortiz destacó que, de los 167 testigos admitidos por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en la etapa de apertura a juicio, el Ministerio Público presentó la mayoría de ellos ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado, con quienes, además, lograron incorporar pruebas documentales y periciales.
En la próxima jornada, pautada para el lunes 27 de enero a las 9:00 de la mañana, el Ministerio Público procederá con la incorporación de las pruebas documentales, materiales y periciales que restan. Estas pruebas incluyen auditorías, contratos y evidencias financieras que respaldan la acusación contra los imputados. Una vez finalizada esta etapa, será el turno de la defensa, que presentará sus pruebas antes de las conclusiones del juicio.
Posteriormente, corresponderá a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo Jiménez, emitir el veredicto. El Ministerio Público espera que este fallo contemple sanciones ejemplares contra los acusados, conforme a la gravedad de los hechos y el daño causado al erario.
Contra quiénes sigue el proceso
El proceso se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien se le acusa de utilizar su influencia como hermano del expresidente Danilo Medina para organizar un entramado societario que desviaba fondos del Estado dominicano mediante empresas interpuestas en los procesos de compras. Estas empresas se beneficiaban de contratos fraudulentos obtenidos gracias a su posición de poder.
Así como contra Carmen Magalys Medina Sánchez, quien en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), habría facilitado procesos de compras simulados en beneficio de las empresas vinculadas al entramado liderado por su hermano. Por su parte, Fernando Manuel Rosa Rosa, expresidente del Fonper, presuntamente utilizó los recursos de la institución para fines proselitistas, incluyendo la construcción de viviendas destinadas a campañas políticas.
El exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, está acusado de participar en la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas al entramado, permitiendo el desvío de fondos públicos. Rafael Antonio Germosén Andújar, como excontralor general de la República, presuntamente facilitó y encubrió las operaciones fraudulentas, impidiendo que fueran detectadas por los controles internos.
Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la Oisoe, es señalado por aprobar y supervisar obras con sobrevaluaciones y pagos irregulares en beneficio de las empresas del entramado.
José Dolores Santana Carmona es acusado de ser uno de los principales testaferros, prestando su nombre para la creación de empresas ficticias que canalizaban los fondos desviados. De manera similar, Wacal Bernabé Méndez Pineda está acusado de participar en la falsificación de documentos y la creación de empresas fantasmas para simular competencias en licitaciones públicas.
Libni Arodi Valenzuela Matos habría participado en la elaboración de documentos falsos y gestionado empresas de carpeta que desviaban recursos hacia los líderes del entramado.
Paola Mercedes Molina Suazo es acusada de ser intermediaria en las transacciones financieras del entramado, facilitando el movimiento y lavado de fondos ilícitos. Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, por su parte, habría creado y administrado empresas ficticias, mientras que Víctor Encarnación Matías Montero está imputado por colaborar en la logística de los fraudes, incluyendo la coordinación de entregas y servicios ficticios.
Francisco Ramón Brea Morel (Johnny Brea) habría falsificado documentos relacionados con la entrega de materiales como el AC-30 para justificar pagos millonarios por servicios no realizados. Rigoberto Alcántara, Carlos Alarcón Veras y Lina Ercilia de la Cruz están imputados por la administración y creación de empresas utilizadas para justificar los contratos fraudulentos.
Finalmente, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino, José Miguel Genao, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa son señalados por facilitar la creación de empresas y estructuras financieras para el blanqueo de capitales, permitiendo que los recursos desviados llegaran a los líderes del entramado sin levantar sospechas.
