El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) ha presentado formalmente dos denuncias ante las Procuradurías Especializadas para la Defensa del Medio Ambiente de las provincias Duarte y Valverde, con el objetivo de que se investiguen y sancionen los recientes casos de intoxicación que han afectado a estudiantes, docentes y personal administrativo en varios centros educativos.
Las acciones legales fueron depositadas por el área Jurídica del MINERD, quienes, en representación del ministro Luis Miguel De Camps García, han solicitado la apertura inmediata de investigaciones para determinar responsabilidades frente al uso indebido de productos químicos tóxicos en las cercanías de los planteles escolares.
Los hechos ocurrieron la semana pasada en los centros educativos Ana Celeste Fernández, en la comunidad La Guama, provincia Duarte, y en el Liceo Leónidas Ricardo Román y la Escuela Laboral Fidelina Reyes, en el municipio de Santa Cruz de Mao, provincia Valverde.
El MINERD activó de inmediato los protocolos de emergencia, procediendo al despacho de los estudiantes y la suspensión temporal de la docencia para proteger la salud e integridad de la comunidad educativa.
Sobre la comunidad La Guama, la denuncia, interpuesta ante la Procuraduría de Medio Ambiente de Duarte, detalla la posible presencia de sustancias tóxicas utilizadas como pesticidas en las inmediaciones del centro, lo que representa un riesgo grave para la salud y la continuidad de la docencia.
Por ello, el MINERD solicitó que se realicen las indagatorias correspondientes y, en caso de comprobarse un uso negligente o intencional, se proceda con la aplicación de las sanciones penales establecidas por la ley.
De igual forma, en el municipio de Santa Cruz de Mao, provincia Valverde, se reportó una situación de intoxicación, en el levantamiento realizado por las autoridades arrojó que el evento fue provocado por la fumigación con químicos tóxicos en una finca colindante, a menos de 200 metros de los centros escolares.
La cartera educativa presentó formal denuncia en esta jurisdicción, donde aportó informes, fotografías del levantamiento de evidencia por parte de la Defensa Civil y Salud Pública, y haciendo referencia a las posibles violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 311-68 sobre el uso de pesticidas.
Estas normativas establecen penas de prisión y multas para quienes, por negligencia o imprudencia, provoquen enfermedades o imposibilidad de trabajo a terceros mediante el uso de sustancias tóxicas.
