Santo Domingo.-El magistrado Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), afirmó que la ética judicial, como instrumento de prevención y comportamiento de jueces, juezas y servidores, constituye un pilar esencial para el fortalecimiento de la confianza ciudadana y legitimidad del sistema de administración de justicia.
El juez Montero hizo el señalamiento al participar como expositor invitado de la conferencia virtual: “Importancia de la Ética Judicial y el Rol de los Órganos de gobernanza del control de la ética en la Aplicación de los Códigos de Comportamiento Ético”, auspiciada por la Organización Internacional para la Formación Judicial (IOJT) y la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ).
“El primer aspecto, es que debemos decir que, desde esa visión de Código de Comportamiento Ético, tú vas a tener el enfoque de que son instrumentos de prevención. Es posible concebir un proyecto de educación ética como fórmula para continuar mejorando la administración de justicia”, sostuvo el magistrado durante el evento moderado por Armando Andruet, director Internacional de la Cátedra de Ética Judicial “Manuel Ruiz Tejada”, de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.
Insistió en que jueces y funcionarios judiciales son garantes de la credibilidad y confianza pública en la institución, al tiempo que agregó que el Poder Judicial tiene un Código de Ética que ha sobrepasado los linderos de otros códigos de diversas sociedades y naciones.
Dijo que la función ética debe siempre responder a la visión de fomentar la confianza pública y credibilidad en las instituciones. En sentido los actores activos del sistema deben estar claro en que la ética pública derivada de los principios y valores que identifican la institución debe ser el norte a seguir, así lo consigna la lógica, desde la perspectiva de la relación jueces en su relación con el Poder Judicial.
Expuso que la ética y los órganos de aplicación representan herramientas esenciales para orientar la actuación de quienes integran el sistema de justicia, al establecer principios que fortalecen la integridad institucional.
Resaltó el rol estratégico de los órganos responsables de la aplicación y supervisión de los códigos éticos para cumplir una función no solo disciplinaria, sino también preventiva, orientadora y formativa, al acompañar a jueces y servidores judiciales en la correcta interpretación de los principios éticos ante situaciones complejas del quehacer jurisdiccional.
