La magistrada María G. Garabito, jueza de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, indicó que tener un sistema judicial y penitenciario humano es una condición indispensable para la dignidad de las personas en la República Dominicana, en atención al principio 15 del Código Procesal Penal, que dicta que “la libertad debe ser la regla, y la privación de esta, la excepción”.
Al participar en la presentación del “Informe de las Condiciones de Detención y Prisión 2023”, a cargo de la Oficina Nacional de la Defensa Pública en un acto celebrado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, expresó que actualmente el Poder Judicial impulsa políticas, como el Programa de Optimización del Proceso Penal, basadas en el juicio abreviado y los métodos no adversariales de resolución de conflictos, cuyo reglamento se aprobó recientemente.
“El programa se basa en un esquema de alternativas en todas las etapas de un proceso penal, lo que permite agilizar y, en muchos casos, acortar o eliminar pasos”, sostuvo la magistrada.
En ese sentido, apuntó que se trabaja para que el 50% de las notificaciones se realicen utilizando medios digitales y así reducir en un 70% los aplazamientos por irregularidades en las notificaciones.
Dijo que, al utilizar Procesos y Procedimientos Estandarizados, mejorar en un 70% las citaciones y reducir significativamente la prisión preventiva, podrían acortarse la duración promedio de los procesos penales de dos a un año, incluyendo la fase de apelación.
“Nuestra meta adicional es llevar a cabo la audiencia preliminar en un plazo de 6 meses”, enfatizó.
Asimismo, destacó que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional implementó un programa para el manejo de los casos relativos a delitos simples de personas cuya dependencia a drogas y otras sustancias amerite intervención médica y de un equipo multidisciplinario bajo supervisión judicial, en el marco de la suspensión condicional del procedimiento y el juicio penal abreviado que ha logrado avances a la fecha.
A esto se suma los trabajos del Poder Judicial en una Guía General de Sentencias como herramienta efectiva para unificar criterios al momento de aplicar la pena y como mecanismo para descongestionar los tribunales.
“Igualmente, hemos emprendido acciones de capacitación a Jueces/zas, Fiscales, Psicólogos/as y Defensores/as Públicos/as sobre el Tratamiento Bajo Supervisión Judicial”, concluyó la magistrada Garabito.
