El día feriado en República Dominicana retrasó los trámites para que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, principales ejecutivos de la colapsada discoteca Jet Set, retornaran a sus respectivas casas luego de la decisión de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional de dictarle presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de cincuenta millones de pesos.
Este jueves la oficina de la Procuraduría Fiscal estuvo cerrada, por lo que sus abogados deben esperar este viernes para realizar las diligencias legales correspondientes.
“En el día de hoy, la oficina de la Procuraduría Fiscal está cerrada para los trámites administrativos por lo que entiendo que ese trámite se agotaría en el día de mañana si Dios quiere”, expresó el abogado Jorge Luis Polanco quien forma parte de la barra de la defensa de los hermanos Espaillat, quienes fueron acusados de homicidio involuntario por la tragedia que dejó 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Al acudir al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde aún permanecen sus clientes, Polanco dijo que ha estado conversando con Antonio, quien entiende que la decisión emitida por el tribunal hacia él y su hermana “ha sido ajustada a los presupuestos que se plantearon y que se sopesa en una audiencia de esa naturaleza”.
Sostuvo que el Ministerio Público presentó todos los elementos que sustentaba su petición, pero que los abogados de la defensa también presentaron sus presupuestos.
Con respecto a lo expresado por el órgano persecutor de que apelará la decisión del tribunal, Polanco recordó que ese es un derecho que las leyes les confiere cada vez que lo consideren de lugar.
Al ser cuestionado sobre el ánimo de Antonio y Maribel, dijo que están “esperando que se hagan los trámites y deseosos de poder incorporarse a sus empresas y el ejercicio de sus ocupaciones y sus responsabilidades familiares”.
De igual manera, el jurista confirmó que han arribado a acuerdo con familiares de las víctimas de la tragedia.
“Según los presupuestos que la familia autorizó que se hagan público, se puede comprobar que ya han hecho acuerdos con alrededor de cuarenta familias de las víctimas”, dijo Polanco.
Sobre la acusación
Por el caso, los hermanos Espaillat fueron acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario alegando que hubo «negligencias graves» de su parte que contribuyeron con el desplome del techo de centro de diversión.
Ayer miércoles la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de 50 millones de pesos como medida de coerción.
De inmediato, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, al tiempo de anunciar que apelarán dicha decisión.
“Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.
