La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, interpuesta por dos ex empleadas domésticas que trabajaban en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, quienes lo acusaban de presunto maltrato laboral, trata de personas y abusos sexuales, entre otros delitos.
El Ministerio Público español, que había abierto diligencias preprocesales, fundamentó su decisión en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por tanto, en la incompetencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para continuar con la investigación, al considerar que los hechos denunciados no ocurrieron en territorio español ni cumplen los supuestos legales que permiten asumir la causa.
La denuncia fue presentada el 5 de enero ante la justicia española y contó con el respaldo de la organización internacional Women’s Link Worldwide. En ella, además del artista, de 82 años, se señalaba a varias encargadas de sus mansiones, acusadas de haber actuado como presuntas “colaboradoras”. Los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en las propiedades del cantante en el Caribe.
Según el escrito, los delitos atribuidos podrían constituir trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, además de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, como acoso y agresión sexual, así como lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores por la supuesta imposición de condiciones laborales abusivas.
Aunque los presuntos delitos habrían ocurrido fuera de España, la denuncia se presentó ante la Audiencia Nacional al amparo de la nacionalidad española del cantante. No obstante, la Fiscalía concluyó que no concurren los criterios de competencia territorial necesarios para proseguir la investigación, por lo que el archivo no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino que responde exclusivamente a una cuestión jurisdiccional.
La existencia de la denuncia trascendió públicamente el martes 13 de enero, tras una investigación conjunta de ElDiario.es y Univisión Noticias, que durante tres años recabaron testimonios y documentación. Ambos medios indicaron que intentaron contactar en reiteradas ocasiones al artista para conocer su versión de los hechos, sin obtener respuesta. También buscaron la reacción de las encargadas señaladas; una no respondió y otra se limitó a decir que no tenía “nada que decir” frente a las acusaciones.
Las denunciantes, identificadas con los nombres ficticios Rebeca y Laura para proteger su identidad, aseguraron haber sufrido acoso sexual y maltrato psicológico de forma continuada desde la entrevista laboral hasta el último día de trabajo. Sus abogadas solicitaron medidas de protección ante la Fiscalía, alegando especial vulnerabilidad socioeconómica y temor por su integridad, privacidad y estabilidad emocional, dada la influencia pública del acusado.
