El exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), René Jáquez, pidió al Ministerio Público investigar las denuncias presentadas en el programa N Investiga sobre presuntas irregularidades en esa institución y advirtió que los correctivos deben aplicarse antes de que los casos se conviertan en escándalos públicos.
Jáquez, quien dirigió el INABIE, explicó que durante su gestión recibía constantemente informaciones y denuncias sobre posibles irregularidades, por lo que consideró que una de las principales responsabilidades de un director es mantener las puertas abiertas y prestar atención a las alertas que llegan a su despacho.
“Lo que tiene que hacer un buen gerente es hacerle caso a todo lo que llegue a su despacho”, sostuvo Jáquez, al señalar que en su administración llegaron a utilizar organismos de investigación para verificar denuncias contra personas vinculadas a la institución.
Precisó que algunas de esas acusaciones resultaban falsas, pero otras permitían detectar situaciones que requerían correctivos.
El exfuncionario consideró que las autoridades no deben esperar a que una situación termine en un escándalo o en una denuncia de extorsión para actuar, sino que deben investigar oportunamente y aplicar las medidas correspondientes cuando existan elementos que así lo ameriten, siempre respetando los procedimientos establecidos por la ley.
Jáquez también manifestó preocupación porque, a su juicio, en el INABIE se han producido intentos de aplicar correctivos ante determinadas situaciones, pero estos no han terminado en consecuencias concretas. “Las auditorías están publicadas y nadie ha caído preso”, afirmó.
Sus declaraciones se producen luego de las denuncias presentadas por N Investiga sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación del INABIE, cuyos detalles han generado cuestionamientos sobre la forma en que se manejaron determinadas licitaciones y sobre los controles internos de la institución.
El exdirector insistió en la necesidad de que las denuncias sean tomadas en serio y que las autoridades competentes determinen, mediante una investigación formal, si existen responsabilidades administrativas o penales en los hechos denunciados.
