El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional acogió como buena y válida la acusación presentada por el Ministerio Público y dictó apertura a juicio contra los miembros de la red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada con la Operación Cattleya.
Durante la etapa preliminar, que inició el pasado 25 de agosto, fiscales adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), presentaron ante el tribunal pruebas que demuestran la responsabilidad penal de los acusados en este proceso judicial. Entre estas pruebas están 34 testimonios, así como pruebas periciales y documentales.
Con base en esas pruebas, el juez Raymundo Mejía dictó el auto de apertura a juicio y también ordenó mantener la medida de coerción impuesta contra José Miguel Michel Gurdis (Michel), Daniel Henríquez, Alejandro Bustamante, María de Paula Gurdis y a José Alberto Soriano Rosario (Cirujano).
Cristina María Castillo Vargas tendrá como medida de coerción un geolocalizador, impedimento de salida del país y presentación periódica.
En tanto que fue dictado auto de no ha lugar a juicio a favor de María Foquina.
El proceso se sigue contra José Miguel Michel Gurdis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Cristina María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
Además, contra Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato).
Igualmente, involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
En el expediente acusatorio, compuesto por 370 páginas, el Ministerio Público establece que la red explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica y que tenía alrededor de un año operando en el país, cuando fue desmantelada en agosto del año 2022.
En ese mismo mes, luego de varios días de ser detenidos los acusados, la PETT logró que la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictara 18 meses de prisión preventiva contra 11 acusados de la Operación Cattleya. También, que el proceso fuera declarado complejo.
Los imputados en este proceso judicial cumplen medidas de coerción consistente en prisión preventiva, dos tienen localizador electrónico y garantía económica, en tanto que otros tienen presentación periódica y garantía económica.
En el proceso el órgano acusador ha estado representado por los fiscales Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, así como por Aleika Almonte, Ginna Matías, Carmen de León Hernández, Belkis Ulloa y Noelia Taveras, adscritas a la PETT, y María Silvestre, de la Fiscalía del Distrito.
También, por Ángela Díaz Vargas, abogada de la PETT; Junior Alcántara y Soraida Batista, del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), quienes fungieron como representantes de las víctimas.
La lectura íntegra de la decisión será el día 21 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
