La empresa Verde Ecoreciclaje Industrial (VERI) acusó de desacato al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), por no acoger la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2018, que ordena prohibir la exportación de baterías ácido-plomo usadas (BAPU), desecho peligroso.
La denuncia la hizo el Ing. José Antonio Rodríguez, presidente de VERI, quien dijo que hace cinco años el tribunal ordenó a Medio Ambiente emitir, en un plazo no mayor de tres meses, el reglamento de prohibición de exportación de desechos, como manda la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sus artículos 80, 104 y 105.
Rodríguez explicó que VERI es una empresa certificada para el manejo responsable de las BAPU dentro de las directrices técnicas del Convenio de Basilea, y cuenta con la capacidad y la tecnología verde, como establece el Convenio y la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Sin embargo, estos desechos son manejados en diferentes puntos del país, sin cumplir los requerimientos del cuidado de medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de la población”, aseguró el presidente de VERI.
Rodríguez denunció, que los permisos ilegales otorgados sin importar el tratamiento dado a ese desecho peligroso, nocivos para el medio ambiente y la salud de la población “están contra de la Ley 64-00 y el convenio de Basilea”.
El empresario afirmó que el Convenio de Basilea fue ratificado por el congreso en Marzo del año 2000 y el mismo año, en Agosto, fue aprobada la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se establece “que si el país cuenta, con la capacidad para procesar estos desechos, debe de procesarlos dentro de su territorio y evitar los movimientos transfronterizos que generan riesgos”, lo que motivo al Grupo Meteoro a realizar una importante inversión en su planta de reciclaje de última tecnología, en operaciones desde el año 2012.
Rodríguez denunció que el Ministerio de Medio Ambiente elaboró un reglamento violatorio del Convenio de Basilea, la Ley 64-00 y la propia sentencia, lo que motivó a VERI a recurrir al TSA, obteniendo ganancia de causa por segunda ocasión, al anularse los puntos violatorios de le ley 64-00, el convenio de Basilea y la sentencia del Tribunal Constitucional.
“Cuando sale la sentencia del TSA, en febrero del 2021, Medio Ambiente recurre en casación a la Suprema Corte de Justicia. Es el 22 de diciembre del 2022 que, por tercera vez se declara inadmisible ese recurso de casación, reconociéndole a VERI, amparada en la ley, el derecho del manejo responsable de estos desechos”, explicó Rodríguez.
El empresario aseguró que VERI es la única planta de reciclaje de baterías usadas (BAPU) en el Caribe con tecnología verde, certificada por las autoridades regionales del Convenio de Basilea para Centroamérica, México y el Caribe, así como también el ILMC (International Lead Managment Center) con la tecnología amigable con el medio ambiente mas avanzada para manejo responsable y sostenible de este desecho.
