Respondiendo a lo solicitado por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 años de prisión a dos hombres que asesinaron a otro y enterraron su cuerpo en una finca de yuca, en un hecho ocurrido en el año 2024 en el distrito municipal La Canela.
La Fiscalía de Santiago aportó toda la evidencia material, documental, pericial y testimonial necesaria para demostrar la responsabilidad penal de Miguel Andrés Rosa Espinal (Bichán) y Erickson Núñez Gil (Erick), en el asesinato de Bismarck Ramón Fernández Jáquez (Momo).
Familiares de Fernández Jáquez denunciaron la desaparición de la víctima.
Los mismos familiares ubicaron luego el cuerpo de Fernández Jáquez enterrado en un sembradío de yuca, en una zona del barrio El Silencio, en el distrito municipal La Canela.
A la zona se trasladó la fiscal Ada María Reyes Castillo, quien en representación del Ministerio Público dio inicio al levantamiento de evidencias para determinar las circunstancias en que le dieron muerte a la víctima.
Con un pliego de pruebas sólidas, la fiscal Aida Medrano Gonell demostró en la etapa de juicio que Rosa Espinal y Núñez Gil planificaron el hecho de sangre.
Luego de un juego de dominós al que se unió la víctima, los acusados, junto a un tercer cómplice, condujeron a Fernández Jáquez hasta una zona oscura y una vez allí, Rosa Espinal tomó una piedra y lo golpeó en la cabeza.
La víctima cayó violentamente al suelo y Núñez Gil aprovechó el momento para infringirle múltiples estocadas con un arma blanca. Los procesados hicieron un hoyo y enterraron el cuerpo sin vida.
Además de los testimonios recolectados durante la investigación, la Fiscalía de Santiago presentó al tribunal, integrado por las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, pruebas materiales e irrefutables como la pala que los procesados utilizaron para cavar. En las cercanías donde fue enterrado el cuerpo también se encontró uno de sus calzados y restos de su cabello.
La condena contra los acusados se produce en relación con la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al proceso que establece violaciones a los artículos 265, 266, 296, 297, 298, 302 y 359, del Código Penal Dominicano que tipifica los delitos de asociación de malhechores, asesinato y ocultamiento de cadáver.
