Al ser cuestionado sobre la presunta implicación del diputado Sergio (Gory) Moya en el caso Calamar, el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), Wilson Camacho, no descartó que más personas sean integradas al expediente contra el entramado que supuestamente desfalcó al Estado con más de 19 mil millones de pesos.
Camacho aseguró que la PEPCA investigará y llevará ante los tribunales a todas las personas que las evidencias determinen estuvieron involucrados en casos ilícitos y que el caso Calamar, cuyos principales encartados son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, no es la excepción.
“Nosotros vamos a investigar y llevaremos ante los tribunales a todas las personas que tengamos evidencia que hayan cometido ilícitos, ese ha sido nuestro accionar en todos los casos y en este, no hay ninguna razón para que sea la excepción”, puntualizó.
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Así como también Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, recesó para el próximo domingo a las 9:00 de la mañana la continuación de la audiencia de conocimiento de medida de coerción.
