Varios abogados de las víctimas del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 235 fallecidos y 189 heridos, interpusieron un recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, propietarios y gerentes del centro de diversión, solicitando que sea sustituida por prisión preventiva.
El abogado Alcántara Méndez presentó el recurso alegando que la decisión de la jueza Fátima Veloz careció de criterio jurídico y la calificó de abusiva, considerando la magnitud de la tragedia que dejó cientos de víctimas fatales.
También recurrieron los juristas Norberto Rondón y Ángel Lockuard, representantes legales de los familiares de la víctima Ruth Seija de Saldaña.
Además del recurso de apelación, solicitaron ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la exhumación del cadáver como parte de las diligencias de investigación del caso.
Los abogados buscan que se rectifique el acta de defunción de Ruth Seija de Saldaña, ya que las autoridades establecieron que falleció por causas naturales.
“¿Muerte natural porque le cayó encima el techo de la discoteca Jet Set?”, expresó irónicamente el abogado Ángel Lockuard.
Otro abogado que interpuso apelación fue Félix Portes, también en contra de la medida de coerción dictada a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, ambos imputados por homicidio involuntario.
Ministerio Público también apela medida de coerción en el caso Jet Set
El pasado viernes, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación con el objetivo de revocar la medida de coerción impuesta a los hermanos Espaillat, dueños y gerentes de la discoteca Jet Set, imputados por homicidio involuntario tras la muerte de 235 personas en el colapso del techo del establecimiento.
El fiscal Emmanuel Ramírez explicó que el recurso busca sustituir la garantía económica, el impedimento de salida y la presentación periódica por prisión preventiva, para evitar que los imputados puedan intimidar a los testigos mencionados en la solicitud original.
Coerción a los hermanos Espaillat
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso a Antonio y Maribel Espaillat una medida de coerción consistente en el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos mediante una aseguradora, además de impedimento de salida del país y presentación periódica.
