El exasesor honorífico para las Zonas Francas, Fabio Augusto Jorge-Puras, acusado por las autoridades estadounidenses de integrar una red internacional de narcotráfico, se entregará en las próximas horas a las autoridades de Estados Unidos, según confirmó una fuente vinculada al proceso.
De igual modo, Gaspar Antonio Polanco Virella, conocido como “El Grande” y también implicado en el expediente, hará lo propio de manera voluntaria ante la justicia norteamericana.
Ambos se encuentran actualmente en territorio dominicano, a la espera de formalizar su entrega en coordinación con las autoridades competentes.
Las investigaciones en curso establecen que Jorge-Puras y Polanco Virella son señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a traficar cocaína desde República Dominicana y Colombia hacia territorio estadounidense.
El proceso judicial, que se sigue en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, los acusa formalmente de conspiración para distribuir e importar cinco kilogramos o más de cocaína, sustancia controlada incluida en la Lista II de la legislación federal estadounidense.
Según documentos judiciales, los hechos se habrían desarrollado entre 2019 y 2020, periodo durante el cual ambos habrían coordinado operaciones logísticas y financieras relacionadas con el envío de cargamentos de drogas.
Gobierno en colaboración con la DEA
El Gobierno dominicano, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), confirmó que mantiene estrecha colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) desde hace varios meses en torno a este caso.
El titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, informó que Jorge-Puras fue destituido de su cargo mediante el decreto 273-25, emitido el 23 de mayo de 2025, luego de que las autoridades estadounidenses notificaran formalmente sobre la investigación en su contra.
“Por instrucciones del presidente Luis Abinader, estamos colaborando plenamente con la DEA en todas las solicitudes relacionadas con este proceso”, precisó Cabrera Ulloa, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha contra el narcotráfico.
Las operaciones ilícitas bajo investigación habrían ocurrido entre 2003 y 2019, según reportes de las autoridades, periodo en el que se rastrean movimientos financieros y logísticos presuntamente vinculados a la red criminal.
La DNCD aseguró que continuará cooperando con las agencias estadounidenses y que el caso se desarrolla con carácter confidencial, a fin de no entorpecer el proceso judicial en curso.
