Tomando como base las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un alguacil vinculado con el asesinato de un joven ocurrido el pasado mes de agosto frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial declaró el caso complejo y le impuso la medida de coerción al imputado Antonio Yhosue Morel Artiles (Yoshue el Balbú), quien fungía como alguacil de estrado de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.
Morel Artiles fue arrestado con orden judicial el pasado viernes durante un allanamiento en su vivienda por su vinculación con la muerte del joven Luis Gustavo Grullón De Aza (Nini), de 23 años de edad.
El fiscal Benedicto Reynoso realizó la investigación del caso, y el fiscal litigante Engels Luis Polanco representó al Ministerio Público en la audiencia donde la jueza Josefina Noemí Díaz impuso la medida de coerción, cuyo cumplimiento ordenó en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, en la provincia Puerto Plata.
Por el caso también fue arrestado el pasado lunes un cuarto hombre identificado como Johan Gilberto Cortorreal Polanco (Kiko Peine Largo). A este imputado le conocerán medidas de coerción el próximo martes en virtud de que solicitó el aplazamiento de la audiencia al tribunal para ser asistido por un abogado.
Al ser vinculados al caso, el pasado 10 de octubre además les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva a los imputados Ricky Alberto Hernández (el Goldo) y Winder Jaime (Disconfianza).
El Ministerio Público les imputa provocar la muerte a tiros del joven Grullón De Aza en horas de la mañana del pasado 26 de agosto, un caso que se encuentra en investigación. La víctima falleció a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en región craneal derecha con salida occipital derecha.
El asesinato a tiros de Grullón de Aza, perpetrado en las inmediaciones del centro judicial, conmocionó a San Francisco de Macorís, dada la naturaleza del hecho y el lugar donde ocurrió el crimen, que quedó captado por cámaras de vigilancia.
Con la entrega de Cortorreal Polanco, las autoridades captan el integrante cuarto de la cadena completa de responsabilidad detrás de este crimen.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el asesinato.
