El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los cuatro imputados de integrar la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.
Los imputados Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López incurrieron en la violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio de varias compañías internacionales y del Estado dominicano.
La jueza Ana Lee Florimón recesó el conocimiento de la medida para el jueves 25 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
Al salir de la audiencia, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, destacó la relevancia de la Operación Domo con la que el Ministerio Público desmanteló una red dedicada a la piratería digital y la reventa ilegal de señales de televisión y plataformas de streaming.
La estructura operaba a nivel nacional e internacional y afectaba tanto a empresas dominicanas como a reconocidas compañías internacionales de producción y distribución audiovisual.
Ramos recordó que la piratería genera un daño directo a la propiedad intelectual y permite que personas ajenas al trabajo legítimo de productores y empresas se lucren con contenidos protegidos por derechos de autor, incluyendo películas, series y programas exclusivos de distintas plataformas.
“Invitamos a las personas que faltan y que saben que son buscadas a entregarse, porque no vamos a cesar hasta que la estructura completa esté sometida”, advirtió Ramos.
La solicitud de coerción fue presentada por un grupo de fiscales encabezados por los procuradores de cortes Jonathan Baró Gutiérrez y José Agustín de la Cruz Santiago, de la UPI y Pedatec, y la fiscal Rosalba Ramos.
En la operación Domo, coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, participaron la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
Además, contó con la cooperación internacional del Departamento de Justicia y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos de Norteamérica.
