El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, advirtió que cada mes ingresan al país unos 4,000 celulares robados desde el extranjero, en un mercado donde se activan alrededor de 400,000 líneas móviles prepago mensualmente, de las cuales el 85 % son vendidas de forma informal, dificultando su trazabilidad y control.
El funcionario explicó que, ante esta realidad, INDOTEL trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República para combatir el robo de dispositivos móviles y aplicar medidas que garanticen mayor seguridad en el sistema.
Mientras que el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) emitió la Resolución núm. 064-2025, mediante la cual otorga un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios móviles para validar e identificar a los usuarios con líneas activas bajo modalidad prepago, con el objetivo de facilitar la labor de las autoridades en la persecución de delitos relacionados con llamadas o mensajes no identificados.
La resolución establece que las prestadoras deberán requerir un documento oficial (como cédula, pasaporte o carnet de residencia) para identificar a cada usuario y registrar sus datos de forma segura. También deberán notificar a los clientes por SMS u otros medios sobre los procedimientos y plazos para la validación. En caso de incumplimiento, las líneas serán suspendidas por hasta dos meses y luego canceladas.
El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, explicó que la medida responde a una carta enviada por la Procuraduría General de la República, en la cual se informa que en los últimos 18 meses se han reportado 54,378 celulares robados o extraviados, lo que equivale a un promedio de 3,021 casos mensuales y 100 diarios. Estas cifras no incluyen los casos no denunciados ni los reportes hechos directamente a la Policía Nacional.
Gómez Mazara señaló que, como órgano regulador, INDOTEL tiene la obligación de asegurar que cada línea telefónica esté debidamente identificada, como parte de una acción correctiva y preventiva, orientada a proteger a los ciudadanos, respaldar a las autoridades y fortalecer la confianza en el sistema de telecomunicaciones.
