La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a quienes le atribuye integrar la sofisticada red del cibercrimen organizado, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos y que fue desmantelada bajo la Operación Discovery.
En algo más de 1,300 páginas, el escrito de acusación contiene un grueso de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otra decena de elementos probatorios periciales, así como los testimonios de más de 130 testigos, con los que este órgano persecutor demuestra la afiliación de los procesados a la estructura criminal que se conformó, definiendo estrategias y métodos para, mediante el chantaje, la extorsión sexual y el robo de identidad, despojar a las víctimas de sus recursos.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, resaltó la fortaleza de las acusaciones, en el contexto la criminalidad trasnacional, pero sobre todo subrayó la importancia de culminar con éxito investigaciones novedosas como esta, destacando, además, "el extraordinario trabajo realizado por los fiscales, investigadores y sus diferentes equipos de trabajo".
Las maniobras ilícitas de la red fueron evidenciadas vía las transacciones y la cantidad de llamadas y datos registrados en los equipos electrónicos ocupados y analizados durante el desarrollo de la investigación.
La investigación que en marzo del año 2022 sentó un precedente regional por poner al descubierto operaciones de delitos transnacionales, se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional, con el soporte técnico de las Procuraduría Especializadas de Antilavado de Activos y la Procuraduría Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y por supuesto, la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos.
En la acusación, el Ministerio Público solicita el decomiso de más de 90 bienes muebles e inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la estructura criminal.
El dispositivo acusatorio presenta cargos contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz,
Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte Monsanto
Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel Hernández.
Son imputados, además, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta,
Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez,
Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez, Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortíz
Asimismo, Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez Ortíz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora (el Lápiz), Ángel Alberto Rosario ( Yankee), Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael Rodríguez Arias (el Cojo), Miguel Antonio Peralta García (Calvito), Bismark Alexander Ramos Batista, Isaías José Cepeda Fernández.
Están formalmente acusadas las empresas: Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Los procesados enfrentan cargos penales por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal Dominicano. También por violar los artículos 14 , 15 y 18 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como además por transgresión a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, que castigan la estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafa.
Otros delitos
Además de estos delitos, en adición se le acusa a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación al artículo 66 y 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; se le atribuye violación a los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por el porte de armas de manera ilegal y distribución de drogas.
En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a los artículos 4 letra D, 6 letra A, y 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobe Drogas y Sustancias Controladas. Se le indilga también la violación al artículo 66, párrafo V y el 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere que los imputados Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas también enfrentan cargos por violación a los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por simple posesión de drogas.
