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Ministerio Público: no hay motivos jurídicos para retrasar proceso contra acusados de pagar sobornos en instituciones públicas

Redacción Por Redacción
17 / 11 / 2026
palacio justicia Ciudad Nueva

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Santo Domingo.-El Ministerio Público aseguró este lunes que no existen motivos jurídicos válidos para retrasar el proceso contra los acusados de  formar parte de una red criminal que distribuyó sobornos por más de 108 millones de pesos con el propósito de agenciarse la contratación del servicio de seguridad privada en diferentes instituciones públicas.

“No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias”, dijo el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto a periodistas que lo abordaron a la salida del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en donde el procesado Elías Caamaño Pérez, acusado de  formar parte de la red criminal, recusó al juez Deiby Timoteo Peguero.

“Esperamos que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del presente proceso”, aseguró el fiscal Guzmán Alberto, al referirse a la recusación incoada por Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El juez Deiby Timoteo Peguero dispuso, el pasado mes de octubre, la separación de Caamaño Pérez del expediente matriz presentado por el órgano acusador contra la red criminal.

Proceso penal por sobornos

El pasado mes de julio el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio para 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red de sobornos.

Por el caso también son acusados Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y de Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.

También, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y de Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.

El expediente, igualmente, incluye a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

El expediente detalla que los sobornos identificados ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.

La Pepca inició, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que identificó la existencia de una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.

Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, los cuales se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.


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