Ante la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal colegiado de San Pedro de Macorís condenó a 20 años de prisión a un hombre de nacionalidad colombiana que formaba parte de una red de narcotráfico internacional a la que se le ocuparon más de 860 paquetes de cocaína en una residencia de Juan Dolio, en el año 2017.
El expediente instrumentado por el órgano persecutor contra John Freddy Perozo Suárez señala que el cargamento de drogas fue ocupado en una labor conjunta con varios equipos operacionales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), durante un allanamiento en una casa de la comunidad Guayacanes, del municipio Juan Dolio, en la provincia San Pedro de Macorís.
El inmueble era utilizado como centro de acopio de grandes cantidades de drogas, donde se realizaban transacciones de venta y distribución de distintas sustancias controladas.
Los fiscales Carmen Mohammed y Santos Bastardo, a cargo de la investigación, ejecutaron en la vivienda la orden de allanamiento y arresto No. 00070-2017, de fecha 13 de junio de 2017. En el lugar fue apresado Perozo Suárez y se ocupó la citada cantidad de drogas en un closet y el baño de una habitación de la casa.
Además, durante el allanamiento se ocuparon dos (2) pistolas marcas Glock 17, Austria 9x19, una número ANC972, con su cargador y diecisiete (17) cápsulas para la misma, y la otra con numeración borrada, con su cargador y treinta (30) cápsulas.
También, varios celulares, incluyendo un Iphone que el ahora condenado rompió luego de que las autoridades penetraran a la vivienda.
Igualmente, las autoridades ocuparon documentos personales del extranjero, así como también varias libretas y hojas con apuntes de los paquetes que habían despachados y los pagos realizados, además de 3 tanques de gas, los cuales, al ser revisados, se pudo determinar que eran utilizados para trasportar las sustancias sin que se levantara ninguna sospecha.
Según se estableció en el proceso, la estructura criminal tenía categoría internacional y traficó grandes cargamentos de drogas que llevaban a la citada vivienda, donde luego eran contabilizadas y distribuidas.
La fiscal litigante Katherin Vallejo Herrera, quien representó al Ministerio Público en el proceso, aportó pruebas al tribunal que demostraron la acusación por la violación de los artículos 4-A, 58-A, 59-A, 59-1, 60, 61, 75-lll, 85-B, C y E y 86 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Katerine Santana Mejía y Delfina Phillipes Silvestre, por el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, dictaron la sentencia y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de esa demarcación.
