Será este miércoles cuando el tribunal decida si los hermanos Antonio y Maribel Espaillat irán a prisión o estarán en libertad para llevar el proceso judicial por el sonado caso Jet Set.
La audiencia para conocerles medidas de coerción está fijada para las 11 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La misma fue aplazada el domingo, para dar tiempo a que los abogados de los acusados estudien el expediente y preparen sus medios de defensa.
La coerción será conocida por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, a cargo del magistrado Rigoberto Sena. El Ministerio Público pide 18 meses de cárcel preventiva para Antonio Espaillat, y arresto domiciliario, pago de fianza o presentación periódica para Maribel. Además, solicita que el caso sea declarado complejo.
Los Espaillat está acusados de homicidio masivo involuntario. Según la acusación, ambos sabían que el techo de la disco estaba grave, y no hicieron nada para resolver el problema. Por cierto, la misma noche del 7 de abril, el empleado Gregorio Adames le pidió a Maribel que cancelara la fiesta, ya que el techo se estaba cayendo a pedazos destruyendo los plafones, lo cual representaba un gran peligro para los presentes en la disco.
A pesar de ese inminente peligro, Maribel le respondió que solo su hermano podía suspender la fiesta, y que él estaba fuera del país, por lo que el baile tenía que continuar. Una hora después de eso, sucedió lo peor: el derrumbe repentino y total del techo, desplomándose sobre cientos y cientos de personas que quedaron aplastadas bajo los escombros.
El saldo trágico pasará a la historia: 236 muertos, -que han dejado unos 137 huérfanos-, y más de 180 heridos. El testimonio de Gregorio Adames, empleado de máxima confianza de los Espaillat y especie de subadministrador de la disco, dará gran sustento al expediente. En el expediente, aparecen las conversaciones que tuvo con Antonio Espaillat, reportándole los profundos quebrantos del techo.
La defensa quiere otra cosa. Dice que los Espaillat tienen suficiente arraigo material, económico y social para enfrentar la acusación en libertad. Piden libertad para sus clientes. El mismo director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, subirá a estrado para justificar la imposición de medidas de coerción contra los imputados.
El pleito judicial está planteado: ¿Libertad o prisión? La Justicia tomará la decisión.
