Bajo custodia de las autoridades, varios de los detenidos en la nueva fase del caso SeNaSa 2.0 fueron llevados la noche de este viernes a la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los implicados salieron desde la Procuraduría General de la República (PGR), donde permanecían mientras eran interrogados como parte de las investigaciones en curso.
Durante la cobertura se observó el traslado de al menos nueve de los arrestados desde la PGR hacia Ciudad Nueva. Los movimientos se produjeron horas después de los operativos realizados este viernes como parte de la Operación Cobra 2.0-A.
En esta nueva fase, el Ministerio Público realizó 37 allanamientos y arrestó a 28 personas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Entre los detenidos figuran médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas vinculadas al sector, según las autoridades.
La investigación busca establecer la posible participación de los nuevos detenidos en un presunto esquema de fraude contra SeNaSa. De acuerdo con documentos judiciales citados durante la cobertura, una de las líneas investigativas analiza la generación de 4,363 autorizaciones de servicios médicos, por un monto de RD$41,125,551.02, utilizando datos de afiliados que, según la acusación, no habrían solicitado ni recibido esos servicios.
El Ministerio Público vincula parte de estas operaciones con Ángel Luis Guzmán Vázquez, uno de los imputados de la primera fase del caso, y personas de su entorno. Entre los nuevos detenidos también figuran familiares de Guzmán Vázquez, según informaciones manejadas durante la cobertura.
Los investigadores también analizan autorizaciones correspondientes a cirugías menores, procedimientos ambulatorios y consultas especializadas, además de otros mecanismos que, según el órgano acusador, habrían permitido generar pagos irregulares a través de SeNaSa.
Abogados cuestionan arrestos
Mientras continúan los interrogatorios en la PGR, abogados de algunos de los detenidos han acudido a la institución para asumir su representación.
El abogado Pedro Botello, quien representa a una de las doctoras detenidas, cuestionó la forma en que se produjo el arresto y afirmó que su defendida estaría siendo utilizada como un “chivo expiatorio”. Otros abogados también han señalado que, al inicio de la jornada, desconocían las imputaciones específicas contra sus representados.
La investigación permanece abierta y la situación jurídica individual de los detenidos deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
