El Ministerio Público solicitó a un tribunal la imposición de un año de prisión preventiva contra un miembro del Ejército vinculado a una estructura criminal de tráfico ilícito de migrantes procesado por un caso en el que murieron 13 personas de nacionalidad haitiana, incluyendo una niña de tres meses de nacida y un niño de 4 años de edad.
Francis Guzmán Martínez, miembro del Ejército, y el chofer Ygnacio Leocadio Espinal Martínez formaban parte de una amplia estructura de criminalidad organizada transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, específicamente, con personas de nacionalidad haitiana, y en la cual el Ministerio Público ha identificado a 17 de sus integrantes.
Las investigaciones arrojaron que el chofer sometido a la justicia era reconocido en la zona fronteriza como un traficante de indocumentados, mientras que el militar facilitaba los medios para la operatividad de la estructura.
El órgano persecutor de los delitos solicitó la prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados, mediante una instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, la cual fijó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este martes 29 de abril de 2025.
Además de Francis Guzmán Martínez e Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, la estructura criminal estaba compuesta por José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Freddy Esmeraldo Gómez, Ramona Salvadora Tapia Flores y Víctor Valentín Álvarez Tapia (Valentín), quienes actualmente se encuentran bajo medida de coerción.
Igualmente, por su vinculación a la red son perseguidos Jesús Antonio Rodríguez Álvarez (Nene), César Williams Fernández Toribio (Puli), José Ramón Fernández Monción (Jochi), Juan Carlos Toribio Marte (Toribio), Marcos Capellán Muñoz (Maicol), Juan Carlos Guzmán Ortega, John Popolo y otro hombre identificado como el Zurdo.
Además de otros eventos, esta red del crimen organizado está vinculada al hecho en el que murieron los 13 nacionales haitianos, ocurrido en fecha 6 de agosto de 2023, en momentos en que el grupo de indocumentados era transportado de manera clandestina a bordo de una yipeta que cayó a un canal de riego en el tramo carretero Peñuela-Navarrete cuando trataban de evitar los controles migratorios. Los 13 cadáveres fueron encontrados por las autoridades dentro de la yipeta.
Las pesquisas
La investigación está a cargo de las fiscales Yoanna Bejarán y Ginna Matías, por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y por la Fiscalía de Santiago Quirsa Abreu (titular) y Joanna García, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
El grupo criminal, de acuerdo con las investigaciones, ejecutaba su accionar en el territorio dominicano, utilizando las vías terrestres a través de la frontera norte del país con Haití, para introducir en la provincia Santiago a miles de indocumentados a los que cobraba sumas de dinero que oscilaban entre los RD$8,000 y RD$17,000.
Distintas pruebas documentales, testimoniales, materiales, periciales y audiovisuales sustentan la solicitud de medida de coerción por la violación de varios artículos de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
