El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de medidas de coerción contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci que fueron arrestados por su vinculación al homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro educativo.
En la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago el órgano persecutor solicita imponer una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.
Las medidas fueron solicitadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
El Ministerio Público sostuvo que las citadas medidas de coerción son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados, las cuales están contenidas en el artículo 226, numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Procesal Penal.
El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
Por instrucción de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la investigación del hecho está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.
Asimismo, se ha podido evidenciar en un vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.
El Ministerio Público ha solicitado al Ministerio de Educación, la realización de una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci, con el objetivo de identificar cualquier práctica que atente contra el interés superior del niño.
