Santo Domingo.-El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, periodista Fernando Quiroz, propuso al presidente Luis Abinader que una parte del dinero recuperado en el caso Senasa sea asignado a financiar los servicios previstos en la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
El propulsor de la ley cree conveniente esta idea, ante el prolongado incumplimiento de sus disposiciones y la ausencia total de presupuesto para ejecutarla.
Quiroz afirmó que esta reasignación sería una medida inmediata, legal, viable y socialmente prioritaria, porque permitiría activar los servicios esenciales establecidos en la ley, en un contexto donde miles de familias dominicanas asumen solas los costos de terapias, diagnósticos, educación inclusiva y acompañamiento especializado.
El Ministerio Público tiene en curso una investigación contra un alegado entramado al Estado dominicano con más de 15 mil millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El activista recordó que la Ley 34-23, promulgada el 5 de junio de 2023, establece obligaciones claras en materia de diagnóstico temprano, intervención terapéutica, apoyo familiar, educación inclusiva, integración comunitaria y formación profesional especializada.
Sin embargo, ninguna de estas responsabilidades se ha puesto en marcha, no se asignaron recursos en los presupuestos de 2024 y 2025, y para 2026 todavía se está a la espera de confirmaciones oficiales.
“Ha pasado más de dos años desde la promulgación de la ley y no se ha habilitado ni un solo programa público que beneficie a esta población. Es imprescindible asignar recursos para cumplir un mandato legal que el mismo Estado promulgó”, señaló Quiroz.
Quiroz recordó que el reglamento debió emitirse antes del 1 de febrero de 2024, conforme al plazo establecido en el Artículo 54. Sin embargo, fue aprobado el 24 de julio de 2024 mediante el decreto 403-24. Aun así, no se ha avanzado en presupuestos, cronogramas, rutas de implementación, personal designado, centros habilitados ni programas de cobertura.
“Tenemos ley, tenemos reglamento, pero no tenemos ejecución. Lo que falta no es normativa, es voluntad política acompañada de recursos reales”, expresó.
Miles de familias, que requieren acceso oportuno a diagnósticos, terapias, acompañamiento educativo y servicios de apoyo, continúan esperando la puesta en marcha de los derechos reconocidos por la Ley 34-23 pero aún no implementados.
SEGURIDAD SOCIAL
El Reglamento de la Ley 34-23 establece que las personas con TEA deben ejercer plenamente los derechos que les corresponden a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), mandato contenido en el Artículo 15. Para lograrlo, la Comisión de Promoción Social debe diseñar y coordinar los planes, programas y protocolos que garanticen ese acceso en todos los regímenes del sistema.
El reglamento ordena a esta Comisión promover nuevas coberturas de salud para personas con TEA, gestionar la ampliación del catálogo de servicios del SDSS e implementar campañas de orientación a través de la DIDA para informar a las familias sobre sus derechos y mecanismos de reclamo.
También debe revisar la normativa vigente, evaluar el apoyo a familias y cuidadores, eliminar prácticas perjudiciales, promover convenios interinstitucionales y presentar informes técnicos al directorio nacional del Conadis.
Estas funciones se sostienen en la arquitectura institucional definida en el Artículo 14, que integra a la Comisión con el Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, Inapi, Conani, Conape, CAID, Siuben y la Oficina Nacional de Estadística, además de los miembros establecidos por la Ley 5-13.
VIGENCIA DE NORMATIVA
La Ley 34-23 fue promulgada el 5 de junio de 2023 y entró en vigencia el 3 de octubre de 2023, según su Artículo 55. A partir de esa fecha, el Ejecutivo tenía hasta el 1 de febrero de 2024 para emitir el reglamento, tal como establece el Artículo 54.
Sin embargo, el reglamento fue emitido recién el 24 de julio de 2024, con un retraso inicial de 5 meses y 23 días (aproximadamente 173 días). Esta tardanza impidió la activación oportuna de los mecanismos institucionales necesarios para implementar los servicios contemplados en la ley.
Al evaluar el incumplimiento acumulado al 13 de enero de 2026, tomando como referencia la fecha límite legal del 1 de febrero de 2024, el retraso asciende a 711 días, equivalente a 1 año, 11 meses y 12 días fuera del plazo fijado por la ley. Durante todo ese periodo, las comisiones, protocolos, articulaciones y mecanismos operativos previstos en la normativa no han sido activados.
