Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez, imputados de ser miembros de una red de secuestro y lavado de activos.
El órgano persecutor les imputa a Vásquez Severino y Rivera Martínez por su participación en calidad de testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, quienes junto a otros miembros de esta red secuestraron a una persona de 47 años de edad en La Otra Banda, Higüey, provincia La Altagracia, y solicitaron 20 millones de pesos por el rescate.
Ambos imputados fueron apresados mediante un allanamiento realizado de manera conjunta por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Policía Nacional
La jueza Francis Reyes Dilone dispuso que la medida fuera cumplida por los imputados en la cárcel de mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya para hombres.
Los fiscales litigantes Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y representante de la Unidad Antisecuestro, y Surielly Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia, motivaron la solicitud, en base a los méritos de las pruebas recabadas.
Se recuerda que los imputados, con el dinero obtenido del secuestro, adquirieron dos vehículos de alta gama en una agencia de vehículos en Santo Domingo Este, mismos que estaban bajo el dominio de uno de los imputados al momento de su arresto en mayo de este año.
La víctima fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de golpes, heridas y afectación a la libertad ambulatoria por cuatro días, causantes de fuertes traumas emocionales.
De igual manera, obligaron a la familia de la víctima a buscar más de 6 millones de pesos y hacer traspasos de vehículos a nombre de relacionados a los imputados, como método para evitar dejar rastros que los incriminaran.
Por su parte, las titulares de Antilavado del Ministerio Pública, Ramona Nova, y de La Altagracia, Claudia Garrido, expresaron que esta es una decisión dictada en derecho y confían en que el sistema de justicia castigará a los procesados de manera ejemplar por la participación de los imputados en los hechos.
