El Partido de la Liberación Dominicana, llamó este lunes la atención al hecho de que la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo emitiera una alerta de seguridad el pasado 30 de octubre en la que advierte a los viajeros y ciudadanos estadounidenses sobre un patrón de robos, agresiones sexuales y casos de personas drogadas sin consentimiento en República Dominicana.
“En el comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos se detalla el modo de operación, las ubicaciones y las consecuencias e indica que las victimas suelen ser drogadas de forma deliberada y posteriormente asaltadas o agredidas sexualmente, dándose en ocasiones ambos delitos en el mismo hecho”, expresó Yvan Lorenzo.
Dijo, que para el Partido de la Liberación Dominicana, los señalamientos de la Embajada de los Estados Unidos merecen una respuesta seria del Gobierno PRM. Las advertencias sobre personas drogadas, robadas y agredidas sexualmente describen riesgos que las autoridades tienen la obligación de investigar y enfrentar.
Lorenzo indicó, que el PLD considera que este aviso pone en evidencia la incongruencia de una comunicación gubernamental que insiste en presentar la delincuencia como un problema que está bajo control.
“Cuando las autoridades transmiten mensajes de tranquilidad sin reconocer las amenazas que persisten, comprometen la credibilidad de las instituciones responsables de proteger a la población”, expresó.
La preocupación por la inseguridad tiene, además, una expresión reiterada en las encuestas de opinión pública.
“Mediciones sociales la sitúan entre los principales problemas nacionales y muestran una valoración preocupante de la seguridad. De acuerdo con Latinobarómetro 2026, el 57% de los dominicanos dice que le preocupa ser víctima de un delito todo el tiempo o casi todo el tiempo”, expresó el vicepresidente del PLD en rueda de prensa.
En ese mismo sentido afirmó, que la encuesta de ACD Media publicada en octubre colocó la delincuencia y la inseguridad en el primer lugar de los problemas del país, con un 21.6 % de las menciones.
Entretanto, RD Elige informó en septiembre que el 71.3 % calificaba de mala la situación de seguridad. Son preguntas e indicadores distintos, pero ambos revelan la importancia que tiene este asunto para la población.
El Gobierno PRM debe escuchar ese mensaje. Descalificar el temor ciudadano como un simple problema de percepción profundizaría la distancia entre las autoridades y la sociedad que debe creer en ellas.
Las personas necesitan poder desplazarse, trabajar, estudiar y disfrutar de los espacios públicos con confianza. Cuando no hay tranquilidad en los ciudadanos, corresponde investigar sus causas y ofrecer respuestas.
Y en este punto, precisamos que la alerta de la Embajada representa una seria advertencia que, junto con la preocupación recogida por las encuestas, constituye razones suficientes para exigir una rendición de cuentas que vaya más allá de la presentación de cifras favorables.
Una reducción de los homicidios es un avance que debe reconocerse y verificarse.
Pero ningún indicador aislado permite verificar el proclamado éxito general de la política de seguridad. También cuentan los robos, las agresiones sexuales, las amenazas y la capacidad de investigar los delitos y llevar a sus responsables ante la justicia.
*Por ello, reclamamos al Gobierno PRM*
1. Informar sobre los casos que motivaron la advertencia, respetando la privacidad de las víctimas, y explicar las investigaciones y medidas adoptadas.
2. Publicar estadísticas completas, comparables y verificables, desagregadas por delito y territorio, con metodologías claras. Demandamos que el Ministerio de Interior y Policía y a las autoridades de seguridad publiquen datos reales y actualizados sobre delitos cometidos contra extranjeros. Ocultar la problemática impide resolverla.
3. Realizar encuestas periódicas de victimización, para conocer los delitos que no se denuncian y las dificultades que enfrentan las víctimas para acudir a las autoridades. Sabemos que
4. Presentar medidas de prevención, investigación y atención a las víctimas, con responsables, plazos e indicadores públicos de cumplimiento.
5. Regulación de plataformas de alquiler. Demandar un marco legal más estricto y de fiscalización para las viviendas de alquiler a corto plazo, exigiendo que cumplan con protocolos obligatorios de registro de huéspedes y estándares mínimos de seguridad (personal, cámaras en áreas comunes y otras medidas).
6. La alerta de la Embajada de los Estados Unidos describe captación por aplicaciones, sumisión química en bares y asaltos en alquileres de corta estancia. Eso se responde con regulación requisitos mínimos de seguridad al alquiler turístico, protocolo toxicológico y cadena de custodia con Politur y el Ministerio Público, no con más patrullas en el malecón.
La confianza internacional y la reputación turística del país también requieren instituciones capaces de proteger eficazmente a las personas. Esa protección debe alcanzar por igual a quienes nos visitan y a quienes viven y trabajan aquí.
