El partido Opción Democrática (OD) denunció que fue excluido de la asignación de fondos públicos por la JCE en una manifestación de abismal desigualdad en las condiciones de competencia de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones. Para 2023, se asignaron 1,260 millones de pesos a los partidos políticos; de estos recursos, cuatro partidos reciben 1,008,320,000, mientras partidos como Opción Democrática no reciben absolutamente nada.
“Las reglas del juego están amañadas. Las condiciones que rigen este sistema político han sido formuladas por los propios partidos tradicionales para evitar el crecimiento de fuerzas emergentes. Opción Democrática tuvo que esperar 10 años y dos sentencias para poder participar con boleta propia en las elecciones. Ahora que entra formalmente en competencia se le niega el acceso a recursos públicos, un derecho que sí es reconocido para los demás”, manifestó Minou Tavarez Mirabal, presidenta de Opción Democrática.
Tavárez Mirabal anunció que, por estos motivos, el partido interpuso un recurso ante el Tribunal Superior Electoral para que sea anulada la resolución de la Junta Central Electoral que asigna fondos a los partidos políticos y excluye a Opción Democrática.
“La JCE se basa en una interpretación no solo incorrecta si no además inconstitucional de las Leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, pues el esquema de distribución que se plantea allí no prohíbe el otorgamiento de fondos públicos a los partidos emergentes. Esta interpretación contradice los derechos, valores y principios consagrados en la Constitución”, afirmó.
Sostuvo que Opción Democrática, a través de su equipo de abogados, ha solicitado la inconstitucionalidad del artículo 61 de la Ley de Partidos Políticos, que establece como requisito para participar de los fondos públicos la participación en las elecciones anteriores. “Este criterio es una especie de anticipo que no toma en cuenta la cantidad de militantes o la fuerza electoral del momento, es una especie de premio al resultado en elecciones anteriores” , por esto en palabras de Tavárez Mirabal, el Tribunal Superior Electoral (TSE) debe cumplir con su rol de ofrecer justicia y garantizar la igualdad de condiciones para la participación electoral.
Resaltó el importante desafío que implica garantizar presencia de delegadas y delegados en las mesas electorales para defender la voluntad ciudadana y velar por el conteo transparente y justo de los votos, durante los dos procesos electorales que se aproximan.
