República Dominicana está viviendo una catástrofe de plástico, “especialmente en lugares donde la contaminación no puede ser procesada ni contenida”; el país no cuenta con un manejo adecuado de los residuos y adolece de un apropiado sistema de control y comercialización de agroquímicos peligrosos.
Existe también una brecha de casi un 80 por ciento de falta de acceso a saneamiento y agua potable.
Estas observaciones forman parte de la declaración del relator especial de las Naciones Unidas, Marcos A. Orellana, sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos en República Dominicana.
Los datos ofrecidos por Orellana, quien presentó el pasado jueves sus hallazgos y recomendaciones tras una visita de 10 días al país, están basados en estudios e informaciones recogidas en proyectos locales y en encuentros con comunitarios y representantes de instituciones públicas y privadas.
El experto en derecho ambiental internacional considera que pese a las medidas locales adoptadas para promover la transición hacia una economía circular de los plásticos, “todavía queda mucho por hacer”.
“Frente al reto actual que está enfrentando el país en materia de desechos, existe un desafío en repensar la manera de producir, diseñar y consumir, a través de una concientización, compromiso y responsabilidad de todos los actores de la sociedad, en particular los sectores privados y públicos, para lograr la transición a una economía circular”, sostiene.
De esta forma, alienta a todos los actores relevantes a redoblar sus esfuerzos para reemplazar el “foam” y los productos de plástico de uso único por otros productos que sean sustentables y respetuosos del medio ambiente.
Esfuerzos y alertas
Sobre la gestión de residuos, Orellana reconoce el esfuerzo del Gobierno de reemplazar los vertederos que deben ser cerrados por rellenos sanitarios como otra medida de implementación de la Ley de Residuos, considerando como excelentes iniciativas el diálogo multisectorial que se lleva a cabo (que incluye al sector privado) y el apoyo de la cooperación internacional para avanzar en materia de vertederos.
Sin embargo, el catedrático de origen chileno considera que el Estado dominicano no adopta disposiciones pertinentes encaminadas a criminalizar el tráfico ilegal de residuos peligrosos.
Actualmente, señala, los residuos médicos acaban en los vertederos y según información recibida existe una falta de manejo adecuado en los sistemas de control y comercialización de agroquímicos peligrosos.
“Me preocupa la entrada al país del Paraquat, un agrotóxico altamente peligroso. Durante mi visita, me informaron del uso de clorpirifós, un plaguicida altamente peligroso, en ciertos cultivos en el país. Por otra parte, la falta de trazabilidad de los plaguicidas ingresados al país, al igual que la inexistencia de un sistema de control adecuado de su comercialización, contribuyen a que este pesticida peligroso sea usado sin control, a pesar de su alta toxicidad”, alertó.
Orellana expresa en su declaración que aunque ciertas resoluciones emitidas por el Ministerio de Agricultura prohíben el uso de plaguicidas en horarios de clases, “(…) me han informado que, en múltiples ocasiones, las dispersiones aéreas y terrestres de plaguicidas cerca de las escuelas continúan en horario escolar. Esto ha tenido un impacto negativo en la salud de niños, niñas, profesores y personal escolar, quienes han sufrido afectaciones al sistema nervioso, respiratorio y vascular. También he conocido casos de personas que han sufrido secuelas graves asociadas a la exposición a estos agroquímicos”.
