La República Dominicana defendió este jueves su derecho soberano a aplicar sus leyes migratorias, tras un comunicado emitido por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití que criticaba las repatriaciones de haitianos en situación migratoria irregular.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el gobierno dominicano afirmó que estas acciones “se llevan a cabo en el marco de la ley” y representan una responsabilidad legítima del Estado para proteger el orden público y la estabilidad nacional.
“La posibilidad de una expansión de la violencia hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave”, advierte el comunicado.
La Cancillería dominicana manifestó su creciente preocupación ante la inestabilidad institucional, humanitaria y de seguridad en Haití, señalando que la situación representa una amenaza real para la seguridad del territorio dominicano.
Lucha contra el tráfico de migrantes
El gobierno dominicano reiteró su compromiso con la lucha contra las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, prácticas que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
Estas redes —según el comunicado— “vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación”, lo cual refuerza la urgencia de adoptar medidas migratorias efectivas y coordinadas.
A favor del diálogo, sin ceder soberanía
A pesar de las tensiones, la República Dominicana reafirmó su disposición a mantener un diálogo abierto y constructivo con Haití, así como con los organismos internacionales involucrados en la crisis.
No obstante, el gobierno fue claro al subrayar que ninguna nación debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial:
“Nuestra vocación solidaria no excluye la necesidad de preservar el orden dentro de nuestras fronteras”, concluye la nota oficial.
