El Ministerio Público solicitó que se imponga un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, ejecutada el pasado martes contra una estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago solicitaron que se declare el caso de tramitación compleja y que se imponga la medida de coerción privativa de libertad a los cabecillas de la red Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
También a los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
El Ministerio Público solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad de imputados y de víctimas, además por tratarse de una red del crimen organizado dedicada, también, al lavado de activos por lo que necesita tiempo suficiente para profundizar la investigación, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal Dominicano por reunir todas las características de un caso complejo.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y las fiscales Quirsa Abreu Peña (titular interina de Santiago), Joanna García Rivas, de la Dirección de Persecución, y Lía Collado, de Santiago.
En la instancia depositada ante la jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago, el órgano persecutor solicita que fije la fecha para el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados.
La Operación XL526, ejecutada contra la estructura criminal, la encabezó un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Varias personas también fueron arrestadas con fines de investigación.
Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Los miembros de la red atacada se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 víctimas.
Mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
La organización del crimen organizado de carácter internacional, tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago.
Los integrantes de la red dominan el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas.
El modus operandi consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, conforme a un guion previamente estructurado por los cabecillas de la organización.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
Los fondos así obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
