El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público presentará en el “menor tiempo posible” la versión 2.0 de la Operación Cobra, que incluirá nuevas personas físicas y jurídicas implicadas en el fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El anuncio se produjo tras la imposición de medidas de coerción contra los diez acusados del caso, en una decisión que Camacho calificó de “histórica” y que , según su parecer, reafirma la independencia del Ministerio Público.
El también titular de la Dirección General de Persecución enfatizó que la investigación no ha concluido y que todos los involucrados en la sustracción de fondos públicos enfrentarán consecuencias judiciales.
“Nos aprestamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estas personas respondan ante el banquillo de los acusados... y para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso”, afirmó.
Medida de coerción
El juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras, impuso las medidas solicitadas por el Ministerio Público luego de reconocer la “fortaleza” de la investigación y valorar como “crueles”, “muy graves” y comparables a una “locura colectiva” los hechos imputados al entramado.
El magistrado incluso los describió como una “traición” al mandato de transparencia del Gobierno, reforzando el carácter ejemplarizante de la decisión.
Sena dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete de los imputados, mientras que los otros tres deberán cumplir arresto domiciliario, junto a otras restricciones procesales. “En sentido general, los diez imputados presentados en este proceso están privados de libertad”, señaló Camacho al término de la audiencia.
El juez Sena acogió en gran parte la solicitud del Ministerio Público y dispuso prisión preventiva por 18 meses para siete de los acusados, que deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo, así como arresto domiciliario e impedimentos de salida para los tres restantes.
Los imputados a los que se le dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo son Santiago Marcelo Hazim, exdirector de SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector; Gustavo Enrique Messina Cruz.; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo; Ada Ledesma Ubiera.
Mientras que se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Haidi Mariela Pinea Perdomo, quienes en sus medios de defensa alegaron que fueron extorsionados para el pago de sobornos.
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una red de corrupción que operó en SeNaSa mediante pagos irregulares, aprobación fraudulenta de prestadores, sobornos, desvío de fondos y utilización de empresas vinculadas, provocando un perjuicio multimillonario al sistema de salud pública.
La fiscalía sostiene que los recursos desviados estaban destinados a servicios médicos de los afiliados más vulnerables, lo que ha generado una profunda indignación social.
