Los militares y civiles imputados en el caso Lobo vieron en la adquisición de servicios de seguridad privada con instituciones del Estado, mediante prácticas corruptas, “la puerta hacia la fortuna”, a través de la cual obtuvieron jugosas sumas de dinero mediante contratos irregulares.
Así consta en la solicitud de medida de coerción, en la que el Ministerio Público pide prisión preventiva para un grupo integrado por militares y civiles, señalados como parte de una estructura que, de forma “inescrupulosa”, aprovechó la oportunidad para saciar su avaricia y ambición personal. También piden que declare complejo el proceso.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez. Además, el órgano acusador ha solicitado que el proceso sea declarado como caso complejo.
También fueron imputados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
De acuerdo al expediente, las instituciones del Estado afectadas por esta red incluyen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
A través de empresas de servicios de seguridad privada (guachimanes), durante más de diez años, los implicados distribuyeron sobornos a distintos funcionarios públicos vinculados a las contrataciones adjudicadas y a la supervisión de los servicios prestados.
Las empresas adjudicatarias de contratos de seguridad pagaban entre un 5 % y un 10 % del valor total de cada factura a los funcionarios involucrados en el proceso, como condición para obtener y mantener dichos contratos.
En este caso, la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos a funcionarios del INAIPI, SENASA y las distribuidoras de electricidad Edenorte Dominicana S.A., EdeSur y EdeEste.
Estas instituciones públicas fueron utilizadas por la estructura criminal para drenar fondos del erario. Según la acusación, los sobornos identificados hasta la fecha ascienden a RD$108 millones, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional y otros funcionarios implicados.
Los pagos ilícitos se realizaron mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo, con el objetivo de asegurar la permanencia de los contratos otorgados a SENASE.
