Nicolás Maduro, detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras espera juicio en New York, enfrenta un nuevo obstáculo en su proceso judicial: podría quedarse sin la posibilidad de pagar a su propio abogado debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Según una carta enviada este miércoles al juez Alvin Hellerstein, la defensa del exmandatario afirma que las restricciones financieras están bloqueando los fondos con los que pensaba cubrir los honorarios legales.
El exgobernante venezolano permanece recluido en el centro federal, conocido por albergar a acusados de alto perfil, mientras avanza un caso complejo y políticamente sensible. En su situación actual, depende por completo de sus abogados para preparar la estrategia con la que enfrentará el proceso.
Tanto Maduro como el Gobierno de Venezuela están sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que implica que cualquier movimiento de dinero requiere una licencia especial. Sus abogados solicitaron ese permiso a inicios de enero para poder representarlo y recibir pagos del Estado venezolano, que —según expusieron— cubre los gastos del presidente y de la primera dama.
Aunque la licencia fue concedida el 9 de enero, el documento señala que «menos de tres horas después» fue modificado exclusivamente en el caso de Maduro, sin explicación alguna.
Una autorización que limita el pago de su defensa
La misiva de la defensa es contundente: «La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de los costes de defensa procedentes del Gobierno de Venezuela». Es decir, puede tener representación legal, pero sus abogados no pueden cobrar con fondos oficiales venezolanos.
En contraste, la licencia correspondiente a su esposa, Cilia Flores —también acusada— no fue modificada.
La defensa sostiene que esta situación lo deja sin una vía real para afrontar los costes de un proceso federal de gran dimensión. «El señor Maduro no puede costearse abogado por otros medios», afirma la carta, y advierte que impedir el pago desde Caracas supone «interferir en su capacidad para contratar abogado».
