Santo Domingo.-El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Justiniano Montero, presentó este miércoles su plan de trabajo para los próximos 100 días, marcando el inicio de una etapa de consolidación y fortalecimiento institucional para el período 2026-2032.
Bajo la visión de construir una justicia independiente, íntegra, cercana a la ciudadanía y firmemente comprometida con la protección de los derechos de las personas, la agenda de trabajo de este primer cuatrimestre se articula en cuatro ejes estratégicos: Integridad, Participación, Eficiencia y Fortalecimiento Institucional.
Durante un encuentro con la prensa realizado en el Auditorio de la SCJ, el magistrado Montero resaltó que la integridad constituye una prioridad para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una actuación judicial guiada por principios éticos, transparentes y responsables.
Agregó que la gestión impulsará una política institucional antisoborno, acompañada del fortalecimiento de los mecanismos de prevención, orientación y denuncia, así como de estructuras regionales que contribuyan a promover una cultura de integridad en todo el Poder Judicial.
En este ámbito, aclaró que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contribuirá a incorporar buenas prácticas internacionales y fortalecer los mecanismos institucionales de integridad.
En cuanto al eje Participación, enfatizó que una de las prioridades de su mandato será fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía, ampliando los espacios de escucha, diálogo y colaboración.
“Se impulsarán mecanismos de participación en las distintas regiones del país, con el propósito de conocer las necesidades de las comunidades e incorporar sus aportes a las iniciativas de mejora del servicio judicial”, agregó.
En cuanto a la eficiencia, subrayó que la nueva gestión prestará especial atención a las respuestas judiciales, con iniciativas orientadas a reducir los retrasos en la tramitación y resolución de los casos.
En se orden, afirmó que entre sus prioridades figura el fortalecimiento de la estrategia Mora Cero, enfocada en agilizar los expedientes más antiguos, optimizar la capacidad operativa de los tribunales y prevenir futuros retrasos.
Por último, explicó que la modernización institucional del Poder Judicial también requiere fortalecer sus capacidades administrativas, territoriales y humanas.
Para garantizar el éxito de esta hoja de ruta, el magistrado Montero adelantó que este primer cuatrimestre sentará las bases de continuidad de la gestión mediante mecanismos rigurosos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, reafirmando el firme compromiso de informar de manera transparente sobre los avances, los resultados alcanzados y los desafíos pendientes.
Entre otros puntos centrales que guiarán su gestión, el magistrado Justiniano mencionó los siguientes: Impulsar la interoperabilidad en línea entre las secretarías de los tribunales; implementar modelos de inteligencia artificial homogéneo con la cooperación técnica de Amazon para casos de alta frecuencia que ayuden a continuar disminuyendo la mora; robustecer la carrera judicial.
Asimismo, someter al Congreso Nacional la proyectada Ley Orgánica del Poder Judicial para unificar normativas centenarias y actuales, introducir nueva ley de ejecución de sentencias para erradicar prácticas indecorosas y garantizar la seguridad jurídica.
Los abogados, auxiliares de la justicia, oficiales públicos y alguaciles contarán con firma digital, replicando la exitosa experiencia de los jueces; cada acto de alguacil requerirá un modelo digital de georreferenciación que asegure una trazabilidad exacta del lugar de notificación, con lo cual se pondrá fin a las notificaciones al aire.
Se contempla también la reactivación de tribunales móviles en los centros penitenciarios de mayor congestión a nivel nacional, con la articulación del Ministerio Público, la Defensa Pública y el impulso de una mesa de gobernanza penal para fomentar soluciones de conciliación y evitar sanciones desproporcionadas.
Para garantizar el cumplimiento efectivo de estas metas, se designó una comisión de seguimiento integrada por dos funcionarios y un consejero, encargados de rendir informes periódicos sobre los avances institucionales.
