El Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación interinstitucional para la implementación del Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ).
El acto de firma estuvo presidido por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina. Con esta iniciativa, las entidades buscan promover la rehabilitación y reinserción social de personas con consumo problemático de drogas, adoptando un enfoque integral basado en la justicia terapéutica y de reinserción social.
La firma del acuerdo estuvo a cargo del director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, en representación del Consejo del Poder Judicial; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah Lajam; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama Olivero; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y el director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral, Santo Rosario Ramírez.
Al dirigirse a los presentes, Henry Molina afirmó que el acuerdo representa un compromiso colectivo con la dignidad de las personas, apostando por la rehabilitación sobre la exclusión y por una justicia que escuche, acompañe y transforme.
“Porque sabemos que detrás de cada caso hay una historia y que muchas veces la respuesta más justa no es la cárcel, sino la intervención temprana, el tratamiento y el acompañamiento bajo supervisión judicial”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que las personas con consumo problemático de sustancias no deben ser tratadas como criminales, sino como seres humanos atravesados por el dolor, la exclusión y la falta de oportunidades.
Por su parte, la magistrada Yeni Berenice Reynoso destacó la importancia del acuerdo, especialmente para los jóvenes que necesitan atención en salud mental y para un sistema de justicia cuyo fin debe ser, como lo establece la Constitución, la reinserción social.
Valoró el cambio de visión que ha adoptado el Ministerio Público, señalando que en la actualidad “no se procesa el consumo a nivel nacional”. “Algunas personas dicen: ‘hay un caso de consumo’. No; puede haber un caso de consumo, pero vinculado a otros delitos, como armas de fuego o violencia de género, con connotaciones distintas”, apuntó.
De igual forma, Alejandro Abreu calificó el tema de las drogas como complejo y señaló que representa una amenaza a la estabilidad familiar. Propuso establecer un plan de indicadores para medir el impacto del acuerdo, que —según aseguró— beneficiará a muchas personas en su camino hacia la rehabilitación social.
El acuerdo contempla la intervención de equipos profesionales de salud mental y trabajo social, bajo la supervisión de un tribunal, y con la participación del fiscal y la defensa. Se busca así garantizar el respeto a los derechos humanos de personas imputadas por delitos menores que además, se encuentren en situación de vulnerabilidad múltiple por consumo problemático de drogas.
Este convenio está basado en el respeto a la dignidad humana y al derecho de acceso a la justicia, fomentando la integración familiar y el bienestar social, en coherencia con el primer eje del Plan Estratégico del Poder Judicial. También se establece el compromiso de resolver los procesos judiciales en el menor tiempo posible, evitando la revictimización y protegiendo los derechos fundamentales de las partes involucradas.
El Poder Judicial, mediante jueces de instrucción y de ejecución de la pena tendrá un rol clave en la celebración de audiencias y en la supervisión del cumplimiento de los tratamientos, asegurando el apego a la normativa vigente y un enfoque centrado en los derechos humanos.
Además, se contempla la designación de personal técnico para dar seguimiento al acuerdo, en un plazo de 30 días posteriores a su firma.
El convenio se fundamenta en los principios de la justicia terapéutica, entendida como el “estudio de los efectos del derecho y los sistemas legales en el comportamiento, emociones y salud mental de las personas”.
Este paso reafirma el compromiso de las instituciones firmantes con el fortalecimiento del sistema de justicia y con la creación de alternativas humanas y efectivas para personas que enfrentan la ley por delitos menores, pero que requieren atención médica y psicológica. Se promueve así una justicia más inclusiva, digna y transformadora.
La firma del acuerdo se realizó en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de los jueces María Garabito Ramírez, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega; la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional; así como otros jueces, fiscales, miembros de la comunidad jurídica y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país, Esteban de la Torre Ribadeneira, entre otros invitados especiales.
