La Fiscalía de Puerto Plata en coordinación con la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, logró prisión preventiva contra el nacional alemán Gerhard Karl Strasser al que se le atribuye ser líder de una red dedicada a la explotación sexual de menores de edad en línea.
La detención fue fruto de una minuciosa investigación llevada a cabo junto con la Policía Nacional, agentes policiales adscritos a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales y el Equipo de Investigadores Adscritos a la PETT además de la colaboración de la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB), en un importante golpe contra la explotación sexual que afectó gravemente a las víctimas involucradas.
La solicitud de medida de coerción estructurada por los fiscales Carmelina Soto, Michael Núñez y Ana Mariela Hernández, establece que el procesado operaba una red criminal dedicada a la explotación de menores de 4 y 10 años de edad donde interactuaban sexualmente entre ellos y con personas mayores de edad, además de explotarlos sexualmente para fines de comercialización vía internet y captación de dinero por diferentes métodos de envío de divisas.
La medida de coerción consistente en tres meses que impuso el juez Romaldy Marcelino Henríquez busca garantizar su comparecencia durante el proceso legal y proteger a posibles víctimas y testigos y las pruebas electrónicas que se encuentran en los dispositivos secuestrados y en la nube del imputado.
Las autoridades están comprometidas en asegurar que se haga justicia en este caso y que las víctimas reciban el apoyo necesario.
El procesado ahora enfrenta cargos de explotación sexual y pornografía infantil, ya que el Ministerio Público ha calificado el hecho de manera provisional de violación a los artículos 23 y 24 de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; 396, literal B, y el 411, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), los cuales tipifican y sancionan el atentado sexual, pornografía infantil y el abuso psicológico en contra de niños, niñas y adolescentes.
El tribunal ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de la ciudad de Puerto Plata.