Luego de establecer el Ministerio Público la vinculación de dos hombres a un fraude financiero, un tribunal del Distrito Nacional declaró el caso complejo y le impuso a los procesados medidas de coerción consistentes en garantía económica por diferentes montos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Ambos formaban parte de una estructura criminal dedicada a la obtención ilícita de fondos y estafa por más de 19 millones contra entidades de intermediación financiera.
A Michael Ernesto Martínez Ramírez le fue impuesta una garantía económica de RD$2,000,000 y a Jan Marcos Sánchez de la Rosa de RD$400,000, mediante contrato de compañía aseguradora. Contra los imputados, además, se ordenó la presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento para salir del país sin autorización judicial.
Durante la audiencia el Ministerio Público solicitó como medida de coerción la imposición de tres meses de prisión preventiva.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Lewina Tavárez Gil, directora interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, señaló que, en consonancia con la fundamentación fáctica de la solicitud de medida de coerción, desde el 19 de junio de 2025 los imputados, junto a otros miembros de la red criminal, realizaron y recibieron transferencias bancarias mediante una compañía internacional.
Las transferencias eran duplicadas en la acreditación de fondos de la entidad crediticia y los imputados aprovechaban para la obtención ilícita de fondos, logrando estafar a una sociedad financiera con la citada suma millonaria.
La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la medida de coerción a los procesados.
El Ministerio Público ha establecido en el proceso que los imputados Michael Ernesto Martínez y Jan Marcos Sánchez de la Rosa, junto a más de veinte investigados, vulneraron la red tecnológica de la entidad financiera, a través de la cual generaron fondos ilícitos mediante acreditaciones irregulares con cargo a sus cuentas y a tarjetas de débito asociadas.
Posterior a la obtención de fondos, procedían a transferirlos a cuentas y a dispersarlos a terceros.
El Ministerio Público les imputa violaciones a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano y los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El órgano persecutor sostiene que se trata de una red criminal altamente estructurada, por lo que solicitó la imposición de prisión preventiva como medida necesaria para garantizar la correcta continuación del proceso, salvaguardar la integridad de la investigación y asegurar la comparecencia de los imputados a todos los actos del proceso, mientras las pesquisas continúan en curso.
