El Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) instó este viernes “a las autoridades competentes de la República Dominicana a que apliquen, con toda la diligencia y transparencia necesarias, las medidas requeridas” en relación con la muerte de una niña haitiana durante una excursión escolar, la cual vincularon con los “actos de violencia” y “abusos” que sufren los migrantes haitianos en el país vecino.
“El Consejo lamenta profundamente que miles de migrantes haitianos y familias haitianas o de origen haitiano se hayan visto afectados en los últimos meses por actos de violencia, abusos o tratos que atentan contra la dignidad humana”, afirmó el CPT en un comunicado.
En el documento, las autoridades haitianas expresaron sus condolencias y solidaridad a la familia de la niña, de 11 años, y destacaron los esfuerzos realizados por los representantes diplomáticos y consulares de Haití en el país vecino, quienes se movilizaron para garantizar un acompañamiento constante y adecuado a los padres de la fallecida.
“Estas preocupantes situaciones afectan dolorosamente a ambos pueblos y requieren respuestas responsables, concertadas y conformes con los compromisos bilaterales e internacionales, en pleno respeto de la soberanía de ambos Estados”, agregó el órgano principal de dirección de Haití.
El Consejo aseguró que sigue “dispuesto a colaborar” con las autoridades dominicanas, a través de los mecanismos establecidos, en cualquier iniciativa destinada a establecer la verdad, garantizar una administración imparcial de la justicia y reforzar la protección equitativa de los derechos fundamentales de todos.
La niña falleció el 14 de noviembre pasado en una hacienda del municipio de Gurabo, en la provincia de Santiago (norte), mientras participaba en una excursión de su colegio. Las informaciones preliminares indican que murió ahogada.
Esta semana, la procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) a reforzar las investigaciones sobre el caso.
La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, calificó el martes de “penoso” lo sucedido a la niña haitiana.
“Realmente es una situación muy penosa y lo que nosotros esperamos es que lo antes posible salga a la claridad qué fue lo que realmente sucedió, porque sabemos que es un dolor muy profundo para su madre y para sus familiares. Todo el pueblo dominicano necesita saber qué fue lo que sucedió”, dijo Peña.
La indignación por este caso ha ido en aumento, al ser visto como un reflejo de la situación que viven los haitianos en República Dominicana. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han señalado en el pasado que las políticas migratorias dominicanas están arraigadas en el racismo, lo que resulta en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.
Asimismo, AI acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia.
En octubre de 2024, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación “masiva” de haitianos indocumentados que residen en el país, con el fin de “reducir” el exceso de población migrante percibido en las comunidades dominicanas, con más de 180,000 deportados en lo que va de año.
